La Ley de Eficiencia, en datos: menos retrasos, más agilidad y caída histórica de litigios

La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, en vigor desde el pasado mes de abril, comienza a mostrar sus primeros efectos tangibles y lo hace en uno de los terrenos más sensibles para la ciudadanía: la lentitud de los procedimientos judiciales. Los datos que maneja el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes apuntan a una mejora sustancial en la gestión de los juzgados, con una reducción media del 36% en los actos de comunicación pendientes - notificaciones, requerimientos o citaciones - en las comunidades ya evaluadas. A ello se suma un avance significativo en la ejecución de sentencias, con descensos que en algunos territorios alcanzan hasta el 69%.

Estos resultados serán presentados este lunes por el ministro Félix Bolaños en la Conferencia Sectorial de Justicia, el órgano de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas con competencias transferidas. La cita servirá también para abordar la tercera y última fase de implantación de la norma, prevista para el 31 de diciembre, cuando entrarán en funcionamiento un centenar de Tribunales de Instancia en grandes partidos judiciales como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Palma o Valladolid.

Desde el ministerio subrayan que, en las comunidades donde el Estado mantiene la competencia directa en materia de Justicia, todo está preparado para cumplir los plazos. En el resto del territorio, se prevé una implantación prácticamente generalizada, con la posibilidad de conceder breves prórrogas a aquellas autonomías que lo soliciten, tal y como contempla la propia ley, siempre con el respaldo técnico del Gobierno.

La Ley de Eficiencia está considerada la mayor reforma estructural de la Justicia en décadas. Su objetivo es claro: transformar un sistema diseñado en el siglo XIX en un auténtico servicio público moderno, ágil y cercano, capaz de responder a las demandas actuales de la ciudadanía.

Juzgados unipersonales

Uno de los pilares de la reforma es el cambio organizativo de la planta judicial. Los más de 3.800 juzgados unipersonales han comenzado a integrarse en 431 Tribunales de Instancia, órganos colegiados en los que los jueces se agrupan en secciones especializadas - civil, penal, violencia sobre la mujer o mercantil, entre otras - y comparten una única Oficina Judicial. Este modelo permite optimizar recursos, redistribuir cargas de trabajo y ganar flexibilidad para afrontar picos de litigiosidad.

Más de 300 Tribunales de Instancia ya están operativos y su funcionamiento ha sido evaluado por el Ministerio sin incidencias destacables. Los resultados son especialmente significativos en comunidades como Andalucía, donde los actos de comunicación pendientes han caído un 43,8%, o la Comunidad Valenciana, con un descenso del 34%. En Canarias, la reducción alcanza el 22%. La media de las siete comunidades analizadas se sitúa en ese 36% que marca el balance general.

La agilización también se refleja en la fase de ejecución de sentencias, uno de los cuellos de botella históricos del sistema judicial. En Andalucía, las ejecuciones pendientes de admisión se han reducido un 69%; en Castilla-La Mancha, un 55%; mientras que en Cataluña y la Comunidad Valenciana el descenso es del 27%, y en la Región de Murcia, del 15%. En conjunto, la media se sitúa en el 30%, según datos facilitados por los Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia.

Otro de los cambios clave introducidos por la ley es el impulso de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en el ámbito civil y mercantil. La obligación de intentar vías de mediación o negociación antes de acudir a los tribunales busca reducir la litigiosidad y fomentar una cultura del acuerdo. Los primeros datos avalan esta apuesta: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha registrado una caída del 30,9% en los nuevos litigios civiles durante el tercer trimestre del año.

Última fase

La implementación de la norma se ha apoyado en una intensa coordinación entre el ministerio y las comunidades autónomas. En estos meses se han celebrado 27 reuniones técnicas de seguimiento y siete Conferencias Sectoriales, además de un amplio plan de formación dirigido a jueces, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios. A ello se suma un programa de sensibilización para operadores jurídicos desplegado por todo el país.

En términos económicos, el esfuerzo no ha sido menor. El ministerio ha invertido más de 325 millones de euros, procedentes de fondos europeos, en las 12 comunidades con competencias transferidas. A largo plazo, la Ley de Eficiencia permitirá un ahorro estimado de cerca de 300 millones de euros en la próxima década.