La Secretaría General del Congreso, que ocupa Fernando Galindo, admite que puede haber "posibles motivos de inconstitucionalidad" en la proposición de ley de amnistía presentada por el PSOE, pero no existe una contradicción tan "palmaria" con la Carta Magna como para que la Mesa del Congreso impida su tramitación. De esta forma, los letrados del Congreso dan luz verde a la tramitación de ley de amnistía.

Así lo señala en el informe que ha preparado para que la Mesa del Congreso tome una decisión sobre la calificación del texto en su reunión de este martes.

En el documento, que no tiene carácter vinculante, el letrado mayor detalla que la iniciativa no entra en contradicción "evidente y palmaria" con el artículo 62, letra i de la Constitución que impide "autorizar indultos generales", lo que a su juicio sí ocurría en la amnistía que presentaron los independentistas en 2021.

Eso sí, también admite que el Tribunal Constitucional sí podría encontrar algunos "incumplimientos" según la interpretación que haga en el futuro del texto de la ley.

Según recalca, el trámite de calificación y admisión a trámite de las iniciativas parlamentarias "no está configurado como un control previo de constitucionalidad" y que la no calificación de una iniciativa siempre es "excepcional".

Bolaños, uno de los padres de la ley amnistía, se convierte en 'superministro' con Justicia

El hasta ahora ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes y uno de los padres de la ley de amnistía, Félix Bolaños, se convierte en 'superministro' al asumir también la cartera de Justicia en plena protesta judicial, un Ministerio del que no es del todo ajeno porque ha estado al frente de las principales negociaciones que afectan a este departamento, como la última tentativa de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la consumada renovación parcial del Tribunal Constitucional (TC).

Bolaños, madrileño de 47 años, llevará uno de los cargos con más peso del Ejecutivo, hasta el punto de que sus competencias son las propias de un vicepresidente político por la acumulación de poder y el rango de las mismas, aunque formalmente no tenga ese puesto.

Llegó al Gobierno en junio de 2018 como secretario general de la Presidencia pero no fue hasta julio de 2021 cuando ocupó dicho Ministerio. Hasta su desembarco en Moncloa, había ejercido como Letrado del Banco de España, profesor en el Instituto de Empresa (IE Law School) y abogado del despacho Uría Menéndez.

Como ministro de la Presidencia, ha comandado las grandes negociaciones con otras fuerzas políticas, muchas de las cuales relacionadas con el departamento que ahora abandona Pilar Llop, por lo que podría decirse que ha venido ejerciendo de ministro de Justicia en la sombra. Además, ha formado parte del equipo negociador del PSOE para sacar adelante los acuerdos con Junts y ERC que incluyen una ley de amnistía y que han hecho posible un tercer mandato de Sánchez. De hecho, fue el encargado de presentar la medida de gracia a la prensa.

La proposición de ley, registrada el pasado 13 de noviembre en el Congreso de los Diputados por el PSOE, tiene por delante un recorrido parlamentario que se augura más largo de lo que anticipaban sus promotores debido a las probables enmiendas y a la reforma operada por el PP sobre el Reglamento del Senado para dilatar los plazos.

Esta tramitación parlamentaria y la gestión de la propia ley de amnistía serán sin duda los principales retos de Bolaños en esta nueva etapa como ministro de Justicia.

No solo porque la ley pasará irremediablemente por jueces y tribunales para su aplicación, sino porque las impugnaciones que se esperan llevarán la amnistía al Constitucional y al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), con la necesaria intervención de la Abogacía del Estado.