La prisión permanente tendrá una duración indefinida, que podrá ser revisada tras un tiempo de privación de libertad establecido, en función de las circunstancias del reo, mientras que la custodia de seguridad será una medida privativa de libertad de una duración máxima de diez años para casos excepcionales, una vez cumplida la pena de prisión y después de que el tribunal valore si se mantiene la peligrosidad del penado.

Según Gallardón, el propósito de endurecer el castigo en delitos "especialmente reprochables" es el que ha impulsado la modificación de la normativa penal.

El ministro de Justicia, al término del Consejo de Ministros, ha defendido que la reforma propuesta no es más "represiva" que la actual, sino que garantiza derechos y deberes fundamentales. En su opinión, es la respuesta a los delitos que más repugnan y a las nuevas formas de delincuencia. "Protege a la sociedad y da respuesta a aquellos delitos que más repugnan a las personas que queremos convivir en un Estado democrático", ha subrayado.

Gallardón ha explicado que los cambios responden a la "realidad del siglo XXI", ya que muchos delitos estaban basados en una regulación de hace dos siglos, pero que como se trata de una revisión "en profundidad", en la que se está trabajando desde hace meses, su tramitación se hará "sin demora" pero también "sin urgencias".

El ministro de Justicia ha explicado que la reforma no tendrá carácter retroactivo, ya que se aplicará a los delitos cometidos a partir de que entre en vigor tras aprobarse en las Cortes, aunque por el principio constitucional de retroactividad sí se aplicará a delitos cometidos antes de aprobarse en casos favorables para el acusado. "La reforma tiene vocación de estabilidad y vamos a dar una tramitación diligente pero profunda", ha insistido Gallardón, que ha anunciado que varios grupos parlamentarios ya le han mostrado su "enorme interés" por debatir.

Respecto a si la reforma incluirá nuevos castigos para los que atentan contra la bandera nacional, el ministro de Justicia ha especificado que la protección penal que tienen los símbolos del Estado tanto de España como de las Comunidades Autónomas es "adecuada y no requiere modificación".

Este anteproyecto no ha obedecido a "ninguna circunstancia de ninguna naturaleza que a todos nos conmueve y nos hace pensar y meditar", ha enfatizado el ministro al ser preguntado sobre si su presentación esta semana tenía alguna relación con la excarcelación del preso etarra enfermo de cáncer Iosu Etxebarria Bolinaga. Es "imposible" que esta reforma, por su profundidad, responda a un motivo coyuntural, sino que cumple el compromiso electoral del PP, ha concluido.