La privatización de la gestión de la sanidad madrileña está resultando un auténtico desastre. El empeño del Gobierno de Ignacio González en dejar en manos privadas el manejo de los servicios sanitarios, contra el que se han posicionado los médicos, no se está viendo compensando por buenos resultados, como ya han alertado estos profesionales. La Cámara de Cuentas ha detectado numerosas irregularidades, desde ausencia de contratos para las adjudicaciones, subcontrataciones sin la autorización de la consejería de Sanidad o tarifas que exceden lo pactado.

Numerosas irregularidades
La Cámara de Cuentas ha descubierto numerosas irregularidades en la gestión de ocho de los hospitales madrileños en 2011 y ha recomendado a los hospitales de La Paz, Doce de Octubre, Ramón y Cajal, Clínico San Carlos, La Princesa y Gregorio Marañón que establezcan “los mecanismos de control adecuados” para garantizar que disponen del crédito suficiente para cubrir los gastos de unos servicios sanitarios “necesarios e inexcusables”, informa El País.

Adjudicaciones sin contratos
Los hospitales investigados carecían “total o parcialmente” de contratos formalmente suscritos sobre los servicios prestados y alegaron para justificar esas contrataciones “antiguos convenios o conciertos entre el desaparecido Insalud y los diferentes proveedores”.

Los hospitales justificaron los contratos con conciertos antiguos
El Hospital Ramón y Cajal no disponía de un contrato “formalmente suscrito y en vigor”, tal y como exige la ley. El Clínico San Carlos alegó una situación similar cuando fue requerido por los auditores públicos. La Princesa remitió a conciertos suscritos en 1973, 1977 y 1996 entre Insalud y los proveedores, mientras que La Paz se refirió a un concierto de 1977. El Hospital Gregorio Marañón, por su parte, se basó en un concierto entre el Insalud y su proveedor “y a las cláusulas adicionales a los mismos de 2003, de actualización de tarifas”.

El Doce de Octubre admitió pagos irregulares por más de 220.000 euros
En el caso del Doce de Octubre, el hospital pagó 16.563 euros por un servicio para el que carecía de contrato. Además, se realizaron gastos en colonoscopias o endoscopias “sin la existencia de contratos, procediendo a la aprobación de aquellos mediante acuerdos de la Junta de Compras del hospital a medida que se van realizando”.

El hospital reconoció pagos por estos servicios y sin contrato por valor de 220.146 y 95.735 euros, a favor respectivamente de los proveedores Hospital de Madrid y Hospital de la Beata María Ana de Jesús. Las facturaciones correspondientes ascendieron ese año a 328.308 y 125.470 euros.

Tarifas más altas que las permitidas
El Doce de Octubre, además, aplicó una tarifa superior a la permitida para la prestación de servicios concertados de hemodiálisis en centros no hospitalarios. La tarifa de licitación establecida fue de 129,84 euros por sesión, superior a la máxima permitida (116,84 euros). Después de sucesivas prórrogas y actualizaciones, en 2011 la tarifa por sesión de hemodiálisis terminó siendo de 136,38 euros, muy por encima de la permitida.

En el Clínico sucedió algo similar, una empresa facturó el servicio de hemodiálisis al menos 6,42 euros por encima de la tarifa máxima de 126,91 euros establecida. El precio “fue modificado una vez iniciado 2011, sin que existiera conocimiento ni conformidad por parte del hospital”, afirma la Cámara de Cuentas en su informe. El hospital solicitó la devolución de los importes indebidamente pagados, pero desde que los auditores detectaron el error de facturación, se ha recuperado el 75% de la cantidad cobrada de forma indebida.

La Cámara de Cuentas cuestiona la subcontratación en 2011 de servicios sanitarios que realizaron el hospital Infanta Leonor de Valdemoro y el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, ambos de gestión privada. Según el informe, el centro de Valdemoro, que está gestionado por IDC Salud, anteriormente Capio, prestó asistencia sanitaria y de estudio, diagnóstico, anestesiología y terapéutica del dolor “mediante subcontratación a través de servicios ajenos al hospital sin disponer de la autorización expresa del Sermas ni de las notificaciones de que tales subcontrataciones se iban a realizar”, lo que va en contra
de una de las cláusulas incluidas en el contrato de gestión.

En el hospital de Torrejón ocurrió lo mismo. La concesionaria en 2011, Ribera Salud, subcontrató servicios de nefrología sin el visto bueno del Sermas.