El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha atendido una petición de medidas cautelares de la Comunidad de Madrid para que el currículum académico de Isabel Díaz Ayuso continúe oculto, suspendiendo así la orden del Consejo de Transparencia que obliga a hacer públicos esos datos sobre la lideresa del Ejecutivo madrileño a petición de una ciudadana. El fin de estas medidas no tiene fecha, pero si se mantiene su efecto hasta el dictado de sentencia, como mínimo mantendrán el expediente a buen recaudo durante seis meses.
El Consejo de Transparencia es el órgano que se encarga de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia cuando las administraciones pretenden ocultar informaciones públicas de interés. Desde el Gobierno regional se argumentó que el currículo de la presidenta se trataba de una cuestión "privada" y que no afectaba ni a su elección en el cargo ni a su desempeño en el mismo.
Así, la sección octava de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado esta petición de medidas cautelares de la Comunidad, suspendiendo de forma cautelar la ejecución del acuerdo y, en la práctica, veta la posibilidad de obligar a la administración regional a hacer público el expediente por el momento.
En este sentido, los jueces han puntualizado que de no haber paralizado la orden de Transparencia, el recurso de la Comunidad de Madrid perdería todo valor. "Implicaría la completa ineficacia de una sentencia estimatoria", explican. A su vz, los jueces del Tribunal madrileño han expresado cierta sorpresa ante el hecho de que el Consejo de Transparencai no haya optado por defender su propia resolución.
El fondo de este asunto comenzó a removerse a finales del año 2022, cuando Ayuso fue nombrada alumna ilustre de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, una decisión que fue muy criticada por los profesores y alumnos de la institución. Desde entonces, numerosos periodistas comenzaron a ahondar en esta cuestión, y medios como ElPlural.com desvelaron que, efectivamente, había ciertas irregualaridades en el expediente de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, la justicia levanta ahora la obligatoriedad de su publicación por parte de la institución autonómica.
Cambios muy cuestionados en el Consejo de Transparencia
El Consejo de Transparencia ha sido, precisamente, tema de debate de este viernes en la Asamblea de Madrid. En concreto, hasta doce leyes que tienen que ver con su funcionamiento y composición. Una de ellas ha establecido que ahora será el Ejecutivo autonómico quien elija al presidente de este organismo, deshaciéndose de las figuras de los vocales rotativos y prescindiendo así de cierto grado de independencia.
Hasta ahora, el Consejo de Transparencia está compuesto por tres consejeros nombrados por la Asamblea de Madrid por mayoría electa de tres quintas partes. Los tres miembros permanecen en el cargo durante seis años, sin coincidir con las legislaturas, y rotan la presidencia cada dos años. Ahora, con los cambios, solamente habrá un único dirigente elegido por el propio Gobierno. Cambios que llegan, precisamente, en pleno momento de tensión entre este órgano y el Ejecutivo autonómico a colación de la cuestión del expediente de Isabel Díaz Ayuso.
A su vez, otra de las modificaciones elimina el requisito de tener diez años de experiencia en el sector público para desempeñar este rol, flexibilizando mucho más los nombramientos en favor del Ejecutivo regional. Además, el nuevo Consejo también tendrá competencias de protección de datos, situándolas al mismo nivel que la Transparencia. Por este motivo, cambiará de nombre y pasará a llamarse Consejo de Transparencia y Protección de Datos.
Todos estos cambios no han sentado bien en la oposición, que han afeado que se esté intentando "dar pasos hacia atrás" y "dirigirse hacia un Consejo de Transparencia de Mínimos". "El trabajo del nuevo Consejo de Transparencia será bordear, cuando sea necesario, el incumplimiento de la Ley si así lo considera el Gobierno del que dependerá la única persona que velará por la Transparencia”, han lamentado fuentes del Partido Socialista. "Es un golpe, un retroceso a la transparencia en la única Comunidad Autónoma de España donde tres de sus presidentes, Esperanza, Ignacio González y Cifuentes, tuvieron que abandonar su cargo, como ocurrió además con el vicepresidente Francisco Granados", han expuesto las mismas fuentes.
