El catálogo de adversidades para el gobierno Sánchez proveniente del flanco catalán se presume inacabable. Algunos de los episodios previsibles son inminentes, especialmente los relacionados con el presidente de la Generalitat, Quim Torra; otros, como los vinculados al eurodiputado Carles Puigdemont y su eventual suspensión, están previstos para el medio plazo, unos meses. El primero de los incidentes, la crisis provocada por la inhabilitación de Torra, está ya servido al decidir formalmente la Mesa del Parlament que no acepta la retirada de la credencial comunicada por la Junta Electoral. El PSC apoyó el acuerdo mayoritario de la mesa, alineado perfectamente con el presidente del gobierno, quien, en su primera comparecencia, anunció que se está agendando la reunión con el presidente de la Generalitat, que, a día de hoy, dijo, es Quim Torra.

Probablemente, el debate y la votación en el pleno del Parlamento Europeo de una probable suspensión de la inmunidad de Puigdemont y Antoni Comín tengan mayor trascendencia para la buena salud de la mesa de negociación que el incidente Torra, en función del voto que vayan defender los eurodiputados socialistas españoles. De la tramitación de este suplicatorio resultará un primer posicionamiento de la cámara europea sobre el fondo del conflicto y se delimitará el papel a jugar por Puigdemont, bien como diputado suspendido pendiente de una eurorden, bien como diputado en plenitud del cargo que tardará poco en reclamar su presencia en la negociación. Este fin de semana, Comín ya avanzó que el Consell per a la República debería tener un protagonismo (no concretado) en el proceso de diálogo. Para la materialización de esta disyuntiva quedan algunos meses.

Por el contrario, el guirigay parlamentario está servido en la cámara catalana a cuenta de la resistencia de Torra a aceptar la inhabilitación exprés decidida por la JEC, después que la mesa del Parlament aceptara las tesis de los letrados. En su informe, los servicios jurídicos mantienen que la JEC “no es competente para cesar a un diputado” y que, aunque lo fuere “hay elementos suficientes” para sostener que no “afectarían a su continuidad en el cargo”. Miquel Iceta dijo a primera hora en TV3 que coincidía “bastante” con el informe jurídico y su grupo apoyó la decisión final de la mesa en defensa de la institución de la presidencia.

Ciudadanos y PP se han manifestado radicalmente en contra de esta interpretación y ya han anunciado toda clase de recursos contra el acuerdo de la mesa; así, es fácil vaticinar que el próximo pleno de la cámara se desarrollará en un ambiente de alta tensión y de múltiples recriminaciones al PSC al que acusarán, como es habitual, de “blanquear al independentismo” para defender el gobierno de la “banda de Sánchez”. Para estos grupos parlamentarios, Torra es ya ex presidente a todos los efectos.

La tensión por este conflicto se mantendrá viva durante todo el tiempo que pase hasta conocer la decisión del Tribunal Supremo sobre el recurso presentado por Torra contra la sentencia del TSJC que lo inhabilita por su desobediencia al negarse a descolgar unas pancartas en plena campaña electoral tal como le exigió la JEC. De confirmar el TS dicha sentencia, la correlación de fuerzas entre quienes apoyan la resistencia de Torra a dejar el cargo y quienes le exigen el cumplimiento del Estatuto cambiará substancialmente. Incluso los letrados del Parlament tendrán difícil no dictaminar que una sentencia firme inhabilita al presidente.

La crisis Torra, originado en un acto de desobediencia absurdo buscado ahínco por el presidente de la Generalitat, pone a prueba la solidez del acuerdo ERC-PSOE y el compromiso de Sánchez de no persistir en la judicialización del conflicto catalán. De momento, el PSC aguanta el envite, escudándose en la letra del Estatuto, y Pedro Sánchez mantiene la intención de atender la petición de Torra de reunirse con él antes de la convocatoria de la mesa de negociación, esperando ambos una pronta decisión del TS que despeje el panorama en este caso y permita pensar ya en la siguiente adversidad del catálogo.

Ferrán Mascarell tendrá que esperar unos días más para ocupar un escaño en las filas de JxCat, a pesar de haber sido acreditado como diputado por la Junta Electoral Provincial para substituir a Torra. Pocos días, porque JxCat tiene otra acta de diputado para entregar, la correspondiente a Puigdemont, quien renunció a ella en cuanto obtuvo el reconocimiento como eurodiputado. No tardarán muchos más días Jordi Sánchez y Jordi Cuixart en disfrutar de su primer permiso penitenciario de 48 horas, al haber cumplido una cuarta parte de su condena. El silencio de la fiscalía es todo un síntoma.