El indulto a los presos del procés parece ser la opción político-jurídica puesta sobre la mesa por el Gobierno y sus socios de investidura de cara a una relajación de las tensiones con el Govern catalán y los diputados nacionales que representan a formaciones de índole independentista. El debate se ha reproducido este martes después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, diera una ligera pista del destino de los encarcelados invitando a la ciudadanía y al arco parlamentario a ver con “naturalidad y serenidad” esta posible herramienta que acabe con la pena impuesta por el Tribunal Supremo hace cerca de dos años.
Por el momento, y pese a que se espera que el Alto tribunal decida sobre esta medida de gracia -previsiblemente en contra- esta misma semana, desde el PSOE prefieren ser cautos en la interpretación de las voluntades demandadas por los partidos que le otorgaron su confianza en la investidura: "No se ha tomado ninguna decisión, por lo que de momento no hay valoración posible", ha explicado Adriana Lastra tras ser preguntada por el hipotético destino de los líderes independentistas, quienes, como han recordado los partidos de la derecha, siguen sin pedir disculpas por el pulso al Estado. La portavoz socialista ha insistido en que “no es correcto” emitir dictados de valor hasta que el Supremo y la Fiscalía envíen los correspondientes informes el Ministerio de Justicia.
También Unidas Podemos ha querido dar espacio a la Justicia y no hacer presión mediática con declaraciones que lleguen antes de hora. Pablo Echenique ha sido el encargado de explicar la postura morada en el Congreso de los Diputados: "Siempre hemos defendido que no deberían haber entrado en la cárcel, con lo cual nuestra opinión la conocen. Pero aquí no creo que sea el momento de presionar a nadie, creo que es el momento de que todo vaya según sus cauces y ojalá podamos ver cómo se retoma el diálogo en Cataluña, ahora que hay un nuevo gobierno constituido allí, y como se desinflama el conflicto territorial".
Un poco más esclarecedoras, siguiendo la estela del titular de Justicia, han sido las declaraciones de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha asegurado desde Bruselas, donde se encontraba tras el Consejo Europeo, que la decisión será abordada desde los valores constitucionales “de la concordia, el diálogo y la superación de la crisis que desgarró a la sociedad catalana” y no desde la “revancha y la venganza”. "Lo más importante para mí es que pese a que hay partidos, personas que defienden otras tesis, creo que en los valores constitucionales no se encuentra ni la revancha ni la venganza, y sí la concordia, el entendimiento, el diálogo, el respeto a las leyes, la Constitución y la legalidad, donde siempre se ha movido el Gobierno de España", ha insistido.
La derecha amenaza con judicializar la decisión
Menos comprensiva se muestra la derecha. PP, Ciudadanos y Vox no han tardado en salir en tromba y oponerse de forma frontal a un hipotético indulto de los líderes encarcelados. Los liderados por Pablo Casado, en palabras de Cuca Gamarra -portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados-, han reiterado que esta posibilidad supone “una burla a la democracia” que evidencia que Sánchez está devolviendo favores para permanecer unos meses más en el Palacio de La Moncloa.
Además, los populares han avisado de que la contemplación de esta medida de gracia complicaría sobremanera que su partido se abriese a seguir negociando la renovación de poderes como el Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde finales de 2018. Una amenaza velada que no es nueva ni sorprende a los socialistas, ya que el propio Casado avisó la semana pasada de que los indultos supondrían el fin de la legislatura.
Si el boicot a la renovación de ciertos órganos pendientes de negociación ha sido la bala del Partido Popular, tampoco Vox parece dispuesto a que un posible indulto salga gratis al Ejecutivo. Ha sido Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de la extrema derecha en la Cámara Baja, quien ha advertido de que Vox levantará “un muro” insalvable a quienes pretendan mirar hacia otro lado frente al “golpe de estado” perpetrado en Cataluña. Ciudadanos, por su parte, sigue los mismos pasos que los de Abascal anunciando que los indultos no pueden servir como “moneda de cambio” de Sánchez con ERC: “Desde Ciudadanos utilizaremos todos los medios jurídicos y políticos para evitar que el Gobierno indulte a los presos del 'procés' o para luchar contra el indulto que el Gobierno quiera conceder a estos condenados en firme”.
Insuficiente para el Govern, necesario para los socios de investidura
El Ejecutivo catalán, donde Pere Aragonès se ha estrenado tras ser investido este lunes, insiste en que el indulto es insuficiente. El tripartito que conforma el Govern -ERC, Junts y CUP- mantiene en este tema sus diferencias al margen y se muestra proclive a la amnistía y no el indulto, ya que, tal y como ha asegurado la portavoz de la Cup en el Congreso, Mireia Vehí, los indultos son soluciones individuales que deja fuera a las 3.000 personas que a su juicio han sido "represaliadas" desde 2014. Sin embargo, y pese a apostar por una petición más amplia, el president de la Generalitat ha afirmado desde la cárcel de Lledoners -donde ha querido empezar su andadura en esta nueva legislatura- que “cualquier medida que ayude a aliviar el dolor de los presos políticos y sus familiares serán bien recibidas”.
Sabedores de la complejidad política de la decisión, los socios de investidura de Pedro Sánchez han sido más cautos en su solicitud y han apostado por el indulto como primera piedra del camino para acabar con una crisis que consideran nacida del enquistamiento entre administraciones. Joan Baldoví, líder de Compromís, ha apostado por la “valentía” política del Gobierno para abordar un fin político que, en palabras de Íñigo Errejón (Más País), "es más importante en España que el fin del castigo". "Si se quiere dar una vía de solución a la cuestión catalana, el primer paso es que los presos políticos salgan de prisión", ha explicado Aitor Esteban (PNV), mientras que su homóloga en EH Bildu, Mertxe Aizpurua, recordaba a Sánchez que "la cuestión catalana tiene que ser resuelta e ir más allá del tema de los indultos".
