El nuevo presidente de la Generalitat no lo va a tener fácil con sus dos socios. Pere Aragonés cerró acuerdos diferentes con JxCat y la CUP con solo dos coincidencias: el voluntarismo de un pronto advenimiento de la república catalana y la desconfianza entre ellos tres. El partido de Puigdemont le está haciendo luz de gas al nuevo gobierno, intentando crear la sensación de debilidad aun antes de constituirse, y los antisistema han saludado el primer día del mandato presidencial ocupando la sede de ERC como protesta por la participación de los antidisturbios de los Mossos en un desahucio lo que contraría uno de los acuerdos ERC-CUP.

Pedro Aragonés tomó posesión del cargo en el primer acto de normalidad institucional en mucho tiempo. La presencia del ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, y la de los presos del Procés, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, ofrecieron la imagen de la rutinaria excepcionalidad en la que vive Cataluña desde hace años. El discurso del nuevo presidente y el guion de la ceremonia evitaron los sobresaltos característicos de la etapa Torra que cumplió con su sencillo cometido (colocar el collar presidencial al nuevo inquilino del Palau de la Generalitat) sin mayor problema. Aragonés se limitó a repetir la trilogía de su mandato de la nueva Generalitat: transformaciones sociales, república catalana y diálogo con el gobierno central para hacer inevitables la autodeterminación y la amnistía.

La “sacudida” que ha anunciado Aragonés para la institución y para el país, y aún no se sabe si también para la estrategia independentista (esto no depende solamente de él), será protagonizada por un gobierno paritario, de perfiles políticos bajos o por descubrir, con muchas novedades y algunas sospechas.

La primera de ellas exige esclarecer el sentido de las contradictorias reacciones de JxCat ante las ofertas de participación en el gobierno. Elsa Artadi y Josep Rius, dos candidatos a la presidencia y a consejerías determinantes como Economía y Exteriores, integrantes del entorno de Puigdemont renunciaron a los cargos; mientras que Jordi Puigneró y Gemma Geis, también participantes del círculo de confianza de Waterloo, han aceptado la oferta para ocupar la vicepresidencia y el departamento de Políticas Digitales, Infraestructuras y Agenda Urbana en el caso de Puigneró y el departamento de Universidad en el caso de Geis. Los dos primeros alimentaron la tesis de un gobierno muy provisional e inestable en el que no convenía participar de tener aspiraciones de futuro. Los dos segundos no han enviado mensaje alguno, aunque su peso en el seno de JxCat no es comparable al de los desinteresados.

La segunda, conocer la reacción de la CUP al nombramiento de Jaume Giró (ex relaciones institucionales de la Caixa) para el departamento de Economía y al de Roger Torrent (ex presidente del Parlament) para Empresa y Trabajo. Ninguno de los dos cumple con los requisitos de un gobierno de técnicos, valoración compartida por la mayoría de los medios al conocer la composición del mismo. Giró viene con la etiqueta IBEX colgada de su experiencia profesional en empresas de este grupo y los antisistema le tienen declarada la guerra a este selecto club de la bolsa.

El incidente de los enfrentamientos policiales en un desahucio en Poble Sec con el que los diputados de la CUP han dado la bienvenida al nuevo presidente sitúan también al nuevo consejero de Interior (departamento ahora en manos de ERC), Joan Ignasi Elena (ex PSC) en el ojo del huracán antes de estrenarse. Al poco rato del desahucio, el presidente Aragonés declaraba que encargará de inmediato un nuevo protocolo para evitar la presencia de los antidisturbios en desahucios ejecutados por orden judicial. El consejero saliente, Miquel Sàmper, asumió la orden de mandar a la brigada antidisturbios, como ha venido haciendo durante su mandato por entender que los Mossos no pueden desatender sus funciones de policía judicial.

Pera Aragonés se enfrenta a un legado envenenado por la desastrosa y gesticulante gestión de Quim Torra que tuvo sus consecuencias en la misma negociación del nuevo acuerdo de gobierno y a un equilibrio interno del independentismo complicado por la fuerza de Carles Puigdemont, atrincherado en su Consell per la República. El acuerdo JxCat-ERC contempla la elaboración de una estrategia consensuada frente al estado y una reordenación del peso de la entidad presidida por el ex presidente de la Generalitat. Aragonés anunció de inmediato su intención de reunirse con el presidente Pedro Sánchez y Puigdemont, a través del Consell per la República, no dejó pasar ni un día para negar cualquier futuro al diálogo.

El envite está servido desde el minuto uno. Aragonés se hace fuerte en una expresión satisfactoria de momento para JxCat y la CUP (“hacer inevitables” la autodeterminación y la amnistía), aunque tras los primeros contactos con Pedro Sánchez y la eventual convocatoria de la mesa de negociación le será difícil mantener el adjetivo “inevitable” de no variar radicalmente el discurso del PSOE en estos asuntos. La inminencia de la decisión sobre los indultos, confirmada oportunamente por el ministro de Justicia, marcará el futuro del diálogo, defendido por los republicanos contra viento y marea sin ningún resultado hasta la fecha, y también el tono del mandato de Aragonés, instalado en la contemporización retórica.  A la espera de acontecimientos que justifiquen la sacudida estratégica en contra de los deseos de Waterloo.