Los tribunales han marcado la actualidad política durante los últimos coletazos de 2024. Múltiples declaraciones y acusaciones cruzadas han opacado por completo las iniciativas políticas y el Gobierno de coalición no está dispuesto a que el nuevo año siga esta senda. Con mayor o menos polémica, el Ejecutivo quieren arrancar los focos de los juzgados y depositarlos sobre los foros más políticos, donde pretende hacerse fuerte con iniciativas en materia de vivienda, laborales y, en definitiva, en aquellos ámbitos que más afectan a la ciudadanía en su día a día.
No obstante, la primera parada del año llegará el 8 de enero, fecha a partir de la cual arrancarán los múltiples actos para celebrar el 50 aniversario de la muerte dictador Francisco Franco. “España en libertad” es el lema escogido para aglutinar el centenar de eventos que se irán sucediendo. La semana siguiente, el 13 de enero, llegará el momento de la presentación de prioridades y el Gobierno quiere poner una vez más, por lo menos en la teoría, la vivienda en el centro.
Hasta el momento, la legislación aprobada se ha quedado en agua de borrajas y el reparto competencial, mayoritariamente en manos autonómicas en lo que ha vivienda se refiere, supone un quebradero de cabeza para la coalición. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra del ramo, Isabel Rodríguez; y los dos partidos que conforman el Ejecutivo, PSOE y Sumar, coinciden al señalar la vivienda como principal problema nacional, pero no tanto en las soluciones para abordarlo. De fondo, las mayorías del Congreso de los Diputados estrangulan un poco más los nexos comunes.
'Vivienda, quinto pilar del Estado de Bienestar' es el foro que desde El País adelantan que prepara La Moncloa para inaugurar el año. Con la empresa pública de vivienda casi a punto, ultimándose la transformación de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), el Gobierno quiere dar cumplimiento a sus promesas y que esta “sea la legislatura de la vivienda”, como prometía Rodríguez. “Se lo debemos a los españoles que están teniendo un problema de acceso a la misma. Tenemos que garantizar ese derecho constitucional”, garantizaba a comienzos de diciembre.
Medidas laborales
“Será la legislatura de la reducción de los tiempos de trabajo”, prometen desde la otra parte de la coalición. El acuerdo de investidura lo incluye y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insiste que durante 2025 se reducirá la jornada laboral legal, sin merma salarial, hasta las 37,5 horas semanales. En el interior del propio Ejecutivo no existe acuerdo, ni que decir en la Cámara Baja, donde un Junts muy condicionado por la patronal catalana y por su propia ideología neoliberal no parece por la labor de dejar pasar la medida.
La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) también está pendiente. Por el momento, los perceptores del sueldo más bajo seguirán recibiendo 1.134 euros al mes en 14 pagas (1.323 euros en 12 pagas) a expensas de que la coalición impulse una nueva subida, que llegará con efectos retroactivos desde enero. Díaz mantiene a los expertos reunidos y ha trasladado que la subida no será inferior al 3%. De ser así, el SMI pasara de los 15.876 euros actuales a los 16.352 euros, como mínimo.
A la espera de Presupuestos
La ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) actualizados no ayuda a sacar adelante nuevas políticas y ordenar las partidas. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trabaja de puerta para adentro para reunir a los mayores grupos parlamentarios en torno al acuerdo. La principal piedra en el zapato es, una vez más, Carles Puigdemont, pendiente de su amnistía, y el jefe del Ejecutivo estaría dispuesto a reunirse con él en Suiza si hace falta. Pero no a sufrir un duro revés en el Congreso de los Diputados.
Las cuentas de 2023 fueron prorrogadas para este 2024 y, por el momento, se mantendrán durante 2025. Este escenario no es el más beneficioso, pero tampoco asusta al Gobierno, que prefiere evitar la fotografía de la derrota y continuar con unos fondos que, si bien no estarían actualizados en cuanto a su reparto por destino, seguirían siendo los más cuantiosos de la democracia. Asimismo, las partidas especiales destinadas a los afectados por la DANA y la llegada de fondos europeos seguirían condicionando el montante total.
