Gobierno y Junts han cerrado un acuerdo para el reparto de menores extranjeros no acompañados que actualmente están en Canarias. El pacto, que ha avanzado El País y ha podido confirmar ElPlural.com, verá la luz este martes en el Consejo de Ministros y cristalizará a través de un Real Decreto para reformar, tras meses de estancamiento, el artículo 35 de la Ley de Extranjería.
El marco migratorio canario se había enquistado tras el verano y no había visos de desencallar las conversaciones tras otro portazo del Partido Popular para negociar un reparto. Varios meses después, el Gobierno ha encontrado en Junts un aliado notorio para acometer la reforma y fijar los criterios para resolver la situación humanitaria y, por ende, mejorar la integración y las oportunidades de los menores. El acuerdo con los juntaires, según avanzaba El País y puede confirmar este periódico de fuentes del Ejecutivo, delimita cuántos menores irán destinados a cada Comunidad Autónoma. No obstante, también se ponderará el esfuerzo de cada territorio antes del entendimiento entre los de Puigdemont y los socialistas.
El ala socialista de la coalición ha constatado este martes el respaldo de Junts a la iniciativa para el encaje del reparto de menores a las comunidades autónomas para desahogar a las Islas Canarias. Así las cosas, el Consejo de Ministros, tras guardarse en el bolsillo los siete definitivos -a priori- votos de los neoconvergentes, aprobará la modificación de la Ley de Extranjería para montar un mecanismo permanente de reubicación de los menores no acompañados que llegan a zonas tensionadas como la insular.
El acuerdo contempla que aquellas comunidades autónomas que han estado por encima de la media de plazas estructurales que deben tener, como es el caso de Cataluña, percibirán una compensación económica "adecuada". Al mismo tiempo, con arreglo a los citerios pactados, tanto la región catalana como Euskadi serán las autonomías que menos menores reciban de los 4.000 que están en las islas.
Criterios de reparto
Según trasladan fuentes de Junts per Catalunya,el acuerdo se cimenta sobre tres puntos diversos. El primero de ellos acota que el “reparto se hará vía real decreto ley”, que fijará criterios “justos y equitativos” orientados a la resolución de la crisis humanitaria, pero también fomentará más eficacia en “la tarea de integración y oportunidades de vida a los menores”. Entre los criterios que establecen el reparto entre autonomías, destaca el del peso poblacional, pero también “se tendrá en cuenta el esfuerzo hecho por Cataluña a lo largo de los años”.
El reparto se realizará entre las autonomías que hasta ahora “no han acogido o han hecho un esfuerzo mucho menor” en comparación con Cataluña. Lo cual implica que, por ejemplo, del total de menores que se distribuirían por la Península (en torno a los 4.000), a Cataluña llegarían entre 20 y 30, mientras que a regiones como Madrid, lo harían 700.
El acuerdo incluye que las autonomías que han estado sobre la mediana de “plazas estructurales”, recibirán una compensación económica adecuada. “Sólo así se garantiza un sistema de reparto equitativo y sostenible”, exponen desde Junts per Catalunya.
