Una de las claves de este martes en el Consejo de Ministros será la aprobación de una nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que supondrá la mayor reforma del proceso penal en España hasta la fecha y cuyo principal cambio es que la instrucción pasará de jueces a fiscales, según han confirmado a fuentes del Ministerio de Justicia de Félix Bolaños.

El proyecto, que entraría en vigor en enero de 2028, también prevé expulsar a partidos políticos de la acusación popular, así como la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para ampliar a cinco años el mandato del fiscal general del Estado, actual puesto a cargo de Álvaro García Ortiz.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró el pasado jueves que la nueva LECrim persigue adaptar el modelo español al europeo, de modo que "los jueces estén para juzgar y ejecutar lo juzgado y la investigación la lleve la Fiscalía".

Se trata, según defendió, de "una reforma también necesaria y más garantista", en la que "un juez de garantías será quien decida, revoque o confirme las decisiones que tome el Ministerio Fiscal en la investigación penal".

El apoyo de Podemos, en el aire

Ante la consiguiente tramitación de la norma en el plano parlamentario, comienzan a darse los primeros obstáculos. Entre los socios del Gobierno, Podemos no ha confirmado si dará su voto a favor, por lo que su decisión continúa en el aire.

Así lo ha deslizado este lunes el secretario de Organización y coportavoz de la formación morada, Pablo Fernández, ha avanzado que estudiarán el contenido de LECrim con vistas a fijar el sentido de su voto cuando llegue a la Cámara Baja.

No obstante, ha advertido al PSOE que el problema de la justicia no se arregla con esta ley, sino que pasa por actuar ante los "fachas con toga" que, a su juicio se dedican a hacer "política" y están inmersos en el "golpismo judicial": “Sé que hay mucha gente que se cabrea cuando decimos que hay en este país fachas con toga, pero es que es la realidad”, ha argumentado.

Los morados han venido defendiendo sobre esta cuestión que los socialistas se avengan a reformar la normativa para elegir a los vocales del Poder Judicial y rebajar la mayoría parlamentaria para, así, elegir a sus miembros, pasando de dos tercios a mayoría absoluta. En aras de este objetivo, defienden que el CGPJ no esté “entregado a la derecha” dado que consideran "incontrovertible, incuestionable, indubitable y palmario que en España la oposición la abanderan los jueces "reaccionarios" en lugar del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, al que ha definido como un "vago y haragán".

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