La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, persiste en su campaña perenne contra Pedro Sánchez, incluso en asuntos espinosos como la acogida de refugiados ucranianos. El Gobierno central ha denunciado que el Ejecutivo regional torpedea el registro de los desplazados por la guerra y les obliga a acudir al Hospital Isabel Zendal para “hacerse la foto”.

Primero fue el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, el que se pronunció sobre las trabas que pone la Comunidad de Madrid a la hora de recibir y registrar refugiados. Después, misiva mediante a la que ha tenido acceso ElPlural.com, el secretario de Estado de Migraciones, Jesús Perea, se dirigió a Enrique López, consejero de Presidencia autonómico, para requerirle explicaciones por el uso del hospital de Valdebebas para la recepción de desplazados de la guerra en Ucrania.

José Luis Escrivá se refirió a esta iniciativa en su respuesta al parlamentario del Partido Popular José Ortiz Galván, quien acusó al ministro, en sede parlamentaria, de rechazar el Zendal por “connotaciones políticas”. El titular de Inclusión leyó en voz alta la nota de prensa de la Comunidad de Madrid y no pudo ocultar su indignación. “De lo que se trata es de que cuando llega un refugiado no les carguemos de trámites”, arrancaba en un tono más áspero.

“No lo hagamos ir también al Zendal a que se registre cuando ya se han registrado”, lamentaba Escrivá, quien denuncia que se le está imponiendo un “trámite adicional”. “¿Y para qué? ¿Para hacerse una foto en el Zendal? ¡No hace falta!”, exclamó irritado el responsable de la cartera de Seguridad Social y Migraciones, concluyendo que lo que el Gobierno regional ha de hacer es “engrasar su sistema sanitario y de educación” para proporcionar a los refugiados “los derechos que tienen”.

Carta a Sol

El enfado del departamento de Escrivá no sólo cristalizó en el visible enfado del ministro, sino que también se exteriorizó en privado, mediante una carta dirigida al consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Enrique López. El secretario de Estado de Migraciones, Jesús Perea, remitió una misiva a la Puerta del Sol para exigir explicaciones sobre la iniciativa del Gobierno regional.

De lo que se trata es de que cuando llega un refugiado no les carguemos de trámites. No lo hagamos ir también al Zendal a que se registre cuando ya se han registrado

En la carta se recuerda al Ejecutivo de Ayuso que la Administración ya ha puesto en marcha un centro en Madrid, en Pozuelo de Alarcón para ser más precisos, donde los refugiados ucranianos pueden tramitar su documentación y acceder a todos los servicios en diversos puntos de la autonomía madrileña.

Perea remarca el “Registro Único de Desplazados” que el Gobierno de Ayuso pondrá en marcha y en el que será “necesario inscribirse” para gozar de los servicios de las diferentes consejerías. El secretario de Estado de Migraciones recuerda al Ejecutivo madrileño que los refugiados ya tienen una “serie de derechos inherentes a su condición” sin que tengan que inscribirse en ningún otro registro.

Por tanto, desde la Secretaría de Estado piden que se ponga en su conocimiento si el registro de refugiados tendrá un carácter constitutivo, dado que, según Perea, en ese caso se estaría creando un “requisito adicional”. Es decir, Sol añadirá una “carga burocrática” que dificultará, “sin fundamento normativo alguno”, que los desplazados disfruten de pleno de estos derechos.

Perea defiende que el procedimiento del Gobierno central para la protección temporal de los refugiados se caracteriza por su “máxima agilidad” y el “mínimo coste personal”. En este sentido, agrega que la creación de un registro adicional “no hace sino perjudicar a un colectivo especialmente vulnerable” con una carga burocrática extra y de “dudosa utilidad”.

Desde la Secretaría de Estado de Migraciones admiten que se hallan ante un gran desafío como es la gestión de un flujo sin precedentes de personas, sobre todo en la Comunidad de Madrid. La región acogerá el mayor éxodo de ucranianos en España, superando las 23.000 personas. No obstante, enfatiza que no se pueden fomentar “nuevas cargas administrativas” que puedan desembocar en “inseguridad jurídica” y “confusión” a un colectivo vulnerable.