Enterrada queda la enésima polémica entre Moncloa y la Puerta del Sol. Esta vez, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha visto obligada a rectificar después de anunciar un “Registro Único de Desplazados de Ucrania” y protagonizar un choque con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, quien acusó al Gobierno regional de obligar a los refugiados ucranianos a “hacerse la foto” en el Zendal.

Este miércoles, la Comunidad de Madrid emitía un comunicado en el que anunciaba la creación de un “Registro Único de Desplazados de Ucrania”. Esta iniciativa forzaba a los refugiados ucranianos a cumplimentar con un trámite burocrático adicional, pues el Ejecutivo ya había dispuesto de un registro para acceder a servicios y derechos “inherentes” mediante la “protección temporal”.

“Me tranquiliza ver que la Comunidad de Madrid rectifica tras la carta del secretario de Estado y ya no exige inscribirse en un registro adicional a los refugiados ucranianos para acceder a servicios que ya les otorga la protección temporal, a diferencia de lo comunicado”, celebra el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá a través de su perfil en Twitter.

Previamente, la Comunidad de Madrid lanzaba un comunicado mediante el cual daba marcha atrás a sus planes, dando su brazo a torcer y rectificando sus pasos iniciales. En el citado escrito, firmado por el consejero de Presidencia, Enrique López, destinatario de la misiva de la Secretaría de Estado de Migraciones, se detalla que el fichero aludido es un “elemento de la oficina de atención y ayuda” al ciudadano desplazado de Ucrania, instalada por el Ejecutivo regional en el Zendal.

En este sentido, López ha detallado que el objetivo de la oficina, que prestará atención continuada las 24 horas del día y los siete días de la semana, pasará por “centralizar” toda la información relativa a los ciudadanos ucranianos que pudieran requerir del Gobierno regional, así como “iniciar la tramitación de los servicios públicos que pueda necesitar”. Por lo tanto, según el consejero de Ayuso, se trata de “reducir” – y no ampliar – la burocracia.

El choque con Sol

El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, fue el primero en reprobar la iniciativa del Ejecutivo madrileño, a quien acusaba de obligar a los desplazados de la guerra de Ucrania a pasar por el Hospital Isabel Zendal para “hacerse una foto”. Además, deslizó que se trata de una obstaculización al Gobierno central, dado que, por ley, debería allanar el camino.

En su respuesta al diputado del Partido Popular José Ortiz Galván, quien acusó al ministro, en sede parlamentaria, de rechazar el centro hospitalario por “connotaciones políticas”, Escrivá no pudo ocultar su indignación. El titular de Seguridad Social leyó en voz alta la nota de prensa de Sol y denunció que su medida cargaba de “trámites” a los exiliados. “No les hagamos también ir al Zendal a que se registren cuando ya se han registrado”, ha destacado, al tiempo que acusaba al Gobierno regional de forzar la fotografía de los desplazados ante su hospital. “¿Para qué?”, se preguntaba el ministro.

Más burocracia

El enfado del departamento de Escrivá no sólo cristalizó en el visible enfado del ministro, sino que también se exteriorizó en privado, mediante una carta dirigida al propio Enrique López. El secretario de Estado de Migraciones, Jesús Perea. Se recuerda al Ejecutivo de Ayuso que la Administración ya ha puesto en marcha un centro en Madrid, en Pozuelo de Alarcón para ser más precisos, donde los refugiados ucranianos pueden tramitar su documentación y acceder a todos los servicios en diversos puntos de la autonomía madrileña.

Perea remarca el “Registro Único de Desplazados” que el Gobierno de Ayuso pondrá en marcha y en el que será “necesario inscribirse” para gozar de los servicios de las diferentes consejerías. El secretario de Estado de Migraciones recuerda al Ejecutivo madrileño que los refugiados ya tienen una “serie de derechos inherentes a su condición” sin que tengan que inscribirse en ningún otro registro.

Por tanto, desde la Secretaría de Estado piden que se ponga en su conocimiento si el registro de refugiados tendrá un carácter constitutivo, dado que, según Perea, en ese caso se estaría creando un “requisito adicional”. Es decir, Sol añadirá una “carga burocrática” que dificultará, “sin fundamento normativo alguno”, que los desplazados disfruten de pleno de estos derechos.

Perea defiende que el procedimiento del Gobierno central para la protección temporal de los refugiados se caracteriza por su “máxima agilidad” y el “mínimo coste personal”. En este sentido, agrega que la creación de un registro adicional “no hace sino perjudicar a un colectivo especialmente vulnerable” con una carga burocrática extra y de “dudosa utilidad”.

Desde la Secretaría de Estado de Migraciones admiten que se hallan ante un gran desafío como es la gestión de un flujo sin precedentes de personas, sobre todo en la Comunidad de Madrid. La región acogerá el mayor éxodo de ucranianos en España, superando las 23.000 personas. No obstante, enfatiza que no se pueden fomentar “nuevas cargas administrativas” que puedan desembocar en “inseguridad jurídica” y “confusión” a un colectivo vulnerable.