l presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer (3d), presidió ayer en Madrid la reunión de la comisión interasociativa de jueces y fiscales, y la Abogacía española para celebrar conjuntamente un acto público en defensa de la Administración de Justicia y contra las reformas promovidas por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón. EFE
El Partido Popular ni siquiera se esfuerza ya en buscar un argumento creíble para defender sus decisiones ante las protestas por sus recortes. Este martes, el presidente madrileño, Ignacio González, acusaba a los médicos que se manifiestan en las calles contra la privatización de la sanidad de hacerlo únicamente por “reivindicaciones personales”. No fue el único. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, echó mano del mismo ardid ante el pulso que mantienen jueces, fiscales y abogados por su reforma judicial, que incluye, además de recortes de derechos, la introducción de tasas para los ciudadanos.
Intereses particulares
“A mí no me hicieron ministro para estar colgado en un retrato, sino para aportar soluciones. ¿Cómo no van a protestar si les hemos quitado a los jueces la paga extraordinaria? Pero no puedo dejar que ningún interés particular se interponga al interés general”, afirmó Gallardón, que añadió que son los jueces quienes “quieren las tasas”. La estrategia es la misma, desde Rajoy al último de sus ministros: desacreditar a los colectivos profesionales, lo mismo que se ha intentado hacer contra los ciudadanos en general que se manifiestan en las calles contra los recortes sociales del Gobierno.
Gallardón advierte que no renunciará a sus reformas
El titular de Justicia hace oídos sordos ante las protestas de asociaciones de jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados…un total de 18 colectivos. Este miércoles hay convocado un paro de una hora (de 12:00 a 13:00). La situación es tan crítica que los jueces no quieren ya a Gallardón como interlocutor y exigen hablar directamente con el presidente del Gobierno. Al ‘moderado’ y ‘centrista’ exalcalde madrileño se le ha caído la careta. Desde la posición más intransigente, Gallardón ha advertido de que sus reformas seguirán adelante.
González contra los médicos y trabajadores sanitarios
Es la misma posición que ha mantenido en los últimos días el presidente madrileño, Ignacio González, ante el clamor ciudadano contra la privatización de la sanidad pública. El sucesor de Aguirre declaró ayer que “no le quita el sueño” las batas blancas en las calles, acusó a los médicos de perseguir “reivindicaciones personales” y avisó de que no habrá marcha atrás en su plan privatizador.
En cuanto a Gallardón, se le ha subido el cargo a la cabeza. El ministro comparó ayer su polémica reforma, que introduce el copago, con medidas de progreso como el fin del servicio militar obligatorio, la introducción del sistema tributario actual y la reconversión industrial de los años 80. “Los cambios producen resistencias, siempre ha ocurrido en España”, afirmó Gallardón, en pose de revolucionario.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón (c) conversa con el jurista Antonio Garrigues Walker, y con la presidenta editora del diario ABC, Catalina Luca de Tena, durante su asistencia al Foro ABC. EFE
Paro parcial, este miércoles
La reforma de Gallardón incluye, además de las injustas tasas judiciales, despido de interinos, recorte de derechos al obligar a los jueces a hacer sustituciones y quitarles días libres, además de desviar determinados asuntos a las notarías.
Para hoy hay fijado un paro de una hora en todo el país, convocado por las asociaciones de jueces y fiscales y apoyado por el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ). "El ataque al servicio público de la Justicia merece una respuesta específica, nítida y conjunta de toda la ciudadanía", ha afirmado en un comunicado difundido este martes este sindicado, informa EFE.
"Gallardón ha paralizado la modernización"
El SISEJ ha destacado que la verdadera transformación de la administración de justicia pasa "no sólo por una mejor dotación de medios tecnológicos, sino por racionalizar los recursos personales y materiales", desterrando los criterios personales y subjetivos.
El sindicato denuncia que desde la toma de posesión del ministro Alberto Ruiz-Gallardón la respuesta a los problemas de la Justicia ha sido "la absoluta paralización de su modernización". Además, entiende que el Gobierno ha decido "limitar el acceso al servicio público de la justicia mediante la implantación de abusivas tasas generalizadas para la inmensa parte de la ciudadanía".
La vergüenza del repago
"Junto a este vergonzoso repago", ha añadido, el Gobierno "pretende restringir también el acceso a la justicia gratuita, completando la restricción del derecho del ejercicio a la tutela judicial efectiva", y en línea con esto propone "la privatización del Registro Civil y del matrimonio civil", afirma el sindicato en su nota.
