La constitucionalidad de la conocida como 'ley mordaza' ha sido cuestionada hasta por el Poder Judicial, y eso que el promotor del proyecto, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, había rebajado la dureza inicial de algunos de sus puntos. Pero según el informe incial del Consejo General del Poder Judicial, la formalmente bautizada como Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana se sigue saltando la Constitución en varios puntos.

Ya están denunciando a fotógrafos
Uno de los aspectos más controvertidos del anteproyecto es que se pretende obstaculizar la grabación de imágenes de actuaciones policiales ante las protestas. Pero algunos ciudadanos denuncian que ya se están aplicando esas restricciones al derecho a la información. Es el caso de Álvaro Luna, que ha trabajado durante años como operador de cámara y trabaja en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Malaga Uma como coordinador de los Laboratorios.

Presentado como el "promotor" de una asamblea callejera
Hace unos días, Luna recibió con sorpresa la notificación de que la subdelegación del Gobierno de Málaga le ha abierto un proceso administrativo para multarle con 400 euros por ser "uno de los promotores u organizadores" de una asamblea callejera sin autorización que se desarrolló en Málaga el 12 de septiembre de 2013 y que fue disuelta. La subdelegación apela a la denuncia policial en la que habla de "aportación activa" de Luna en aquella asamblea no autorizada en la que se encargaba "de realizar un reportaje fotográfico incluso de los agentes de policía intervinientes".

Las imágenes no fueron ni publicadas
Pero la versión de Álvaro es diferente: "Siempre voy con mi cámara, pasé por allí y realicé varias fotografías sin intervenir en la concentración, captando a los agentes de lejos y de espaldas cuando procedieron a identificar a la gente. Entonces me pidieron mi DNI, por haber hecho fotografías, no me informaron de que me iban a multar. Me ha llegado seis meses después y las fotos nunca fueron publicadas".

Temor a un precedente peligroso
La propuesta de sanción a Álvaro relaciona directamente la organización del acto con el mero hecho de fotografiarlo, y además por unas imágines que nunca vieron la luz, por lo que cree que se está recurriendo a un subterfugio con el que lanzar un aviso a los medios de comunicación. "Es muy grave, si el registrar cualquier tipo de hecho te hace cómplice de ello, se ha acabado el periodismo", alerta Álvaro. Ha recurrido la multa y ahora el asunto está en manos de una abogada, pero teme que se pueda sentar un precedente negativo antes incluso de que la 'ley mordaza' sea aprobada.

La subdelegación cambia el argumento
Aunque ha presentado sus alegaciones, la subdelegación de Gobierno se ha ratificado en su intención de sancionar a Luna en declaraciones a El Observador alegando ahora que no es un profesional. El fotógrafo explica que lo es pero que en cualquier caso resulta "irrelevante" porque la ley no hace excepciones entre profesionales o no a la hora de amparar el derecho de información y de hecho la policía no le preguntó eso, ¿y pretende la subdelegación que haya acreditaciones para un acto que fue disuelto por la propia policía por considerarlo ilegal? "No pueden relacionarme con los organizadores y las fotografías no se publicaron por lo que no pueden alegar ningún perjuicio a la policía, están dando palos de ciego", explica Luna a ELPLURAL, insistiendo en que seguirá adelante para frenar la sanción ante la gravedad del trasfondo de este proceso: dificultar el derecho a la información ante las protestas.

Existen además otros datos preocupantes, como la multiplicación hasta por nueve de las sanciones por manifestaciones en Madrid.