La ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza que se prolonga desde octubre de 2023 ha dejado una de las crisis humanitarias más graves que se han vivido en las últimas décadas. En esta crisis, los afortunados que han conseguido huir del enclave levantino, desplazados forzosamente, no obtienen descanso. Las malas condiciones en las que se encuentran muchos de estos refugiados, muchos con secuelas tanto físicas como mentales, ha ocasionado que la guerra sobre los palestinos se extienda más allá de la Franja. Es por ello por lo que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes una partida extraordinaria de 925.000 euros dirigida a la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Medio). Esta ayuda, promovida por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encabezado por Pablo Bustinduy, tiene como objetivo brindar asistencia a personas con discapacidad refugiadas en Cisjordania como consecuencia directa de los ataques del ejército israelí sobre la población palestina.
Esta iniciativa humanitaria pretende poner el foco sobre uno de los colectivos más golpeados por la ofensiva israelí: las personas con discapacidad, tanto aquellas que ya lo eran antes de los bombardeos como las que lo son a raíz de ellos. Amputaciones, pérdida de visión, lesiones irreversibles… son algunas de las consecuencias físicas de un conflicto donde las armas y la ocupación prolongada no distinguen entre civiles y combatientes, pero cuyo impacto se ensaña especialmente con los sectores más vulnerables: mujeres, niños y personas con discapacidades.
El ministro Bustinduy ha justificado esta contribución como parte de un esfuerzo para atender a las víctimas más invisibilizadas del conflicto, criticando de forma implícita el silencio internacional frente a las acciones israelíes que siguen dejando un reguero de destrucción y sufrimiento. Esta ayuda incluye asistencia financiera integrada, servicios psicosociales, de salud, rehabilitación, y el fortalecimiento de sistemas móviles de atención, así como la mejora de infraestructuras básicas como baños accesibles, que en muchos campos de refugiados siguen siendo una carencia estructural.
Cabe recordar que esta no es la primera vez que el Ministerio de Derechos Sociales apoya a la UNRWA. En 2024, España ya destinó 860.000 euros a la agencia para atender a personas con discapacidad en Gaza, también víctimas directas de la ofensiva israelí. En aquel momento, la ayuda se centró en servicios de urgencia, reconstrucción de miembros, cirugía especializada, hospitalizaciones, subsidios y provisión de dispositivos de asistencia. En ambos casos, se trata de contribuciones extraordinarias que reflejan un aumento significativo del compromiso del Gobierno español con los derechos humanos en el territorio palestino ocupado, al margen de las tímidas respuestas de otras instituciones europeas.
Sin embargo, esta respuesta, aunque necesaria y bienvenida, resulta profundamente insuficiente ante la magnitud del desastre humanitario que sufre Palestina. La comunidad internacional, y en especial potencias aliadas de Israel, ha demostrado una pasividad alarmante frente a lo que numerosas organizaciones de derechos humanos ya han calificado como crímenes de guerra. Los continuos ataques a población civil, la destrucción de infraestructuras médicas, y el cerco sistemático a Gaza y Cisjordania han convertido a Palestina en un campo de pruebas de impunidad militar.
La propia existencia de la UNRWA, constantemente amenazada por recortes presupuestarios y cuestionada por Israel y algunos de sus aliados, se ha vuelto un símbolo de la lucha por la supervivencia del pueblo palestino. Que una parte significativa de sus fondos provenga de aportes extraordinarios como este revela el abandono institucional al que ha sido relegada la causa palestina en el tablero diplomático.
El gesto del Gobierno español, aunque limitado en términos financieros, debe entenderse como una toma de posición frente al sufrimiento deliberado de un pueblo. No se trata solo de solidaridad humanitaria, sino de una condena implícita a la política de ocupación, represión y limpieza étnica que Israel lleva décadas ejerciendo con total impunidad. Una política que ha dejado cientos de miles de personas desplazadas, mutiladas y traumatizadas, muchas de ellas ahora dependientes de una ayuda que solo llega por voluntad política y no como una obligación legal, como debería ser bajo los marcos del derecho internacional.
