Los errores en el volcado de datos por parte de las firmas Scytl y Vector, las encargadas del recuento, han provocado que los votantes no conocieran quién podría ser el alcalde de León hasta cinco días después. Una situación no exenta de polémica. El enfado de Interior por la chapuza de ambas empresas es mayúsculo, hasta tal punto, que el ministro Fernando Grande-Marlaska les convocó a una reunión el pasado miércoles para tirarles de las orejas a los directivos de ambas compañías.

Sin embargo, según publica El Confidencial, no es la primera vez que Interior choca frontalmente con una de las firmas del recuento, concretamente, con Vector.

En el año 2015 Interior paralizó una adjudicación al haber indicios de que tres funcionarios podrían haber filtrado los pliegos.

Uno de ellos tenía un vínculo familiar directo con Base 100 SA, compañía que se impuso en el cuarto lote de la adjudicación.

Entonces, el comisario de la Policía Nacional José María Rodríguez Calderón encabezó una investigación a fin y efecto de discernir la profundidad de las filtraciones.

Según su investigación, el vínculo familiar de un funcionario a Base 100 habría fomentado que la firma filtrara los pliegos del contrato a otra empresa, Vector, ya que la primera no estaba homologada. Sin embargo, a su vez, Vector subcontrató a Base 100. Esto ocurrió en las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 y en las municipales de 2015. De hecho, documentos de la investigación pusieron de manifiesto que Vector cedió casi todo el montante de trabajo a Base 100. Hasta en la propia página web de Base 100 figuraba que realizó el trabajo asignado a Vector.

Interior, como consecuencia de las pesquisas, paralizó la adjudicación de las generales de 2015, que finalmente la ganaron Tecnocom y Scytl, y puso el caso en manos de la Fiscalía de Madrid, que abrió diligencias por presuntos delitos de fraude, tráfico de influencias y cohecho.

No obstante, la investigación no dio con más indicios y archivó la denuncia.