Imagen de uno de los templos afectados por las inmatriculaciones/ wikipedia Imagen de uno de los templos afectados por las inmatriculaciones/ wikipedia



El PSOE ha pedido al Gobierno que revise las propiedades de dominio público no registradas de las que se ha adueñado la Iglesia durante décadas gracias a la Ley hipotecaria aprobada por Franco que daba a los obispos el privilegio de registrar inmuebles a su antojo, y que fue ampliada por José María Aznar en 1998. El Grupo popular ha rechazado la enmienda de los socialistas, gracias a su mayoría absoluta.

Unas 4.500 propiedades desde 1998
La Iglesia ha inscrito como suyas plazas, fincas, cementerios, viviendas y templos de culto, como la mezquita de Córdoba, con la que se hicieron por sólo 30 euros. Registró todas esas propiedades sin otro requisito que una certificación del obispal y no estaba obligada ni a hacer público por edicto la inscripción ni a pagar el Impuesto de Transmisión Patrimonial.

La reforma de la Ley Hipotecaria realizada por el Gobierno de José María Aznar en 1998 permitió a la Iglesia católica inscribir propiedades y lugares de culto que no estaban registradas hasta entonces, un total de 4.500 propiedades, entre ellas la mezquita de Córdoba. Todo un boom inmobiliario. Son datos citados por El País, aunque ni el anterior Gobierno socialista ni el actual del PP han dado cifras oficiales.

El PP paró la enmienda del PSOE
Este jueves, el Grupo popular, en mayoría en el Congreso, con el voto de CiU y la abstención de PNV y ERC, consiguió parar la enmienda a la totalidad presentada por los socialistas a la reforma de la ley. El diputado socialista Víctor Morlán defendió que la Iglesia ha cometido “un abuso” y aunque ha puntualizado que los obispos no tendrían que devolver las propiedades de las que “puedan presentar títulos de propiedad”, sí deberían “devolver las que no puedan acreditar”.

La mezquita de Córdoba
Tal vez el caso más llamativo fue la inscripción de la mezquita de Córdoba en 2006 a nombre del Obispado, por la que la Iglesia pagó únicamente 30 euros. Los residentes en esta ciudad tuvieron conocimiento de este registro tres años después, gracias a la actuación de un cordobés al que llamó la atención que en los folletos para turistas, la diócesis cambiara el nombre del monumento por el de Santa Iglesia Catedral de Córdoba.

El ciudadano acudió al registro de la propiedad y allí se enteró de que la “antigua mezquita” era del obispado desde el 2 de marzo de 2006. La Iglesia justificó en la inscripción que se trataba de una propiedad suya “desde tiempo inmemorial”. Colectivos como Europa Laica ha denunciado que instituciones como Cultura y la Junta de Andalucía, y no la Diócesis, han sido los que han invertido millones de euros en obras de mejora y mantenimiento. La Iglesia se dedica sólo a recibir los ingresos que genera el monumento, los cuales se desconocen de manera oficial porque la jerarquía mantiene una total opacidad sobre este tema.

La Mezquita de Córdoba, como otros monumentos representa un negocio para la Iglesia, en el caso de la mezquita, los obispos reciben cada año más de un millón de visitantes y cobra por cada entrada 8 euros. Sin embargo es el Estado quien cubre los gastos de restauración y conservación. Hay que recordar que, además, la Iglesia está exenta de pagar impuestos.

La jerarquía católica ha sabido sacar provecho de muchas de las propiedades registradas y ha terminado vendiendo algunas de ellas por importes que no se han conocido.

El caso de Navarra
Navarra es la comunidad donde el escándalo de las inmatriculaciones ha sido más denunciado y ha dado lugar al nacimiento de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro a la que se han adherido 117 municipios. Dicha plataforma ha llegado a censar hasta 1.087 propiedades a nombre de las diócesis navarras.

El asunto fue llevado al Senado, sin éxito
El asunto de las inmatriculaciones se trató en una moción debatida en el Senado en octubre de 2012, presentada por el grupo catalán Entesa, que pidió la supresión de la reforma que hizo el Gobierno Aznar en la Ley Hipotecaria. La iniciativa fracasó por 8 votos contra 12. PP y PNV votaron en contra.