El Consejo de Ministros estudiará este viernes dar a la familia Franco un último plazo de 15 días para que proponga un nuevo lugar para inhumar los restos del dictador y, al término de este periodo, dará luz verde a la exhumación y decidirá el lugar de enterramiento.

Las fuentes insisten en la "imposibilidad legal" de que el cuerpo sea enterrado en la Catedral de la Almudena, como quería la familia, y recuerdan el informe de la Delegación de Gobierno que apunta a "evidentes riesgos para el orden público, la seguridad ciudadana y la movilidad".

Mientras tanto, el resto de detalles se van apuntalando, como quién será el encargado de llevar a cabo la exhumación. Esta tarea, según avanza El Periódico recae para una pequeña funeraria sita en Guadarrama, localidad de la Sierra de Madrid. Esta es la opción que Patrimonio Nacional – dependiente de Presidencia del Gobierno - ha elegido para exhumar el cuerpo del dictador.

Según Patrimonio Nacional es la elección “más lógico” por motivos de “cercanía”. El Periódico señala que el propietario de la funeraria, Pablo Verdugo, no ha desmentido la información. No obstante, ha guardado silencio sobre los detalles del encargo. No se ha pronunciado respecto al coste.
La inhumación

La elección de la funeraria es uno de los últimos flecos que quedan sueltos, después de que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial otorgara luz verde al plan para abrir la tumba. Un proceso para el que quedan pocos días, pues el Gobierno incluirá el decreto de exhumación del dictador el próximo Consejo de ministros.

En Moncloa dan por “definitivo e inapelable” el paso previsto para este viernes, según El Periódico. Sánchez, eso sí, otorgará 15 días de plazo a la familia del dictador para que indique cuál será el lugar de la reinhumación.

El Ejecutivo socialista insiste en “una imposibilidad legal” enterrar los restos de Franco en La Almudena, como exigía la familia del dictador. Y es que el Gobierno considera que esto podría suponer evidentes riesgos de orden público, amén de devolver el cuerpo a un lugar accesible y abierto al público como lo es la catedral madrileña.

De tribunales

Una vez hayan transcurrido los 15 días otorgados por el Gobierno se hará efectivo el acuerdo. Entre tanto, el letrado de la familia Franco recurrirá todo el contenido del mismo en la Sala III del Tribunal Supremo.

Además, Luis Felipe Utrera-Molina, solicitará al Alto Tribunal que eleve una cuestión de inconstitucionalidad al Constitucional por presunta violación de la "intimidad personal y familiar de los Franco, derechos religiosos y ausencia extraordinaria y de urgente necesidad”. Pero el plazo habitual del Supremo en lo contencioso-administrativo es de un año. Un tiempo exacerbado para solucionar este asunto que se ha enquistado sobremanera.

Cuatro peones

En cuanto a los trabajos que se llevarán a cabo, Patrimonio Nacional sostiene que habrá cuatro peones de mantenimiento, según declaran a El Periódico. Los obreros trabajarán durante tres horas en la retirada de la losa, más dos días más para que se ubique un forjado y unas nuevas losas sobre la actual tumba del dictador.

Además, en Patrimonio Nacional informan de que ya están elegidos los cuatro operarios, tal y como desvela el medio catalán. El informe que recoge todos estos datos señala que el equipo de trabajo “dispone del acopio necesario de materiales” para las labores de los operarios. Asimismo, descarta que se elabore “ningún expediente administrativo adicional”.

Junto a estos trabajadores estarán algunos frailes de la abadía que custodia el Valle de los Caídos. Pero, además, también les acompañará un fotógrafo de Patrimonio Nacional y los descendientes que previamente hayan sido escogidos por la familia del dictador.