La infanta Cristina. EFE/ArchivoEl titular juez José Castro, instructor del caso Nóos, ha acordado investigar a la Infanta Cristina por presuntos delitos contra la Hacienda pública, al solicitar a la Agencia Tributaria nuevos datos que permitan determinar si la hija del Rey incurrió en fraude fiscal como propietaria al 50 por ciento de la mercantil Aizoon, además de haber incorporado finalmente sus diez últimas declaraciones de la renta a las actuaciones del caso Nóos. El magistrado, además, prepara la imputación del expresidente valenciano Francisco Camps y de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por los contratos firmados entre el Gobierno valenciano y el Instituto Nóos.
La copropiedad de Aizoon
En un extenso auto dictado este viernes, del que da cuenta Europa Press, el juez por el que ha dado un paso más en sus pesquisas en torno a la infanta Cristina tras la resolución de la Audiencia Provincial de Baleares que, a principios de este mes, levantó su imputación, pero dejó abierta la posibilidad de que se investigara a la hija del Rey por un presunto delito fiscal.
Según el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia, tanto Urdangarin como su mujer se habrían beneficiado, como socios al 50 por ciento de la mercantil Aizoon, de los ingresos procedentes del Instituto Nóos así como del dinero supuestamente defraudado a Hacienda a través de la empresa de la que ambos eran copropietarios. El tribunal recalca así que el dinero que de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos no se quedó en la cuenta de la primera entidad, sino que se destinó a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con su posible "conocimiento del origen ilícito y delictivo" de estos fondos.
Camps y Barberá, al borde de la imputación
Por otra parte, el juez Castro prepara la imputación del expresidente valenciano Francisco Camps y de alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por los contratos firmados entre el Gobierno valenciano y la fundación que presidía Urdangarin, el Instituto Nóos. Castro reclamará a las Cortes valencianas que acrediten la condición de diputados de ambos y enviará parte de la causa a la justicia valenciana.
Casi 4 millones de euros
Camps y Barberá adjudicaron a dedo varios contratos a favor de Urdagarin por casi cuatro millones de euros entre 2004 y 2006. El duque de Palma admitió ante el juez , el pasado 23 de febrero, que todos los contratos a dedo que logró de las administraciones valencianas —los dos eventos Valencia Summit y la preparación de unos Juegos Europeos en esa comunidad— tuvieron su origen en sus entrevistas con Camps y Barberá, que asumieron sus propuestas y le adjudicaron esos proyectos sin que mediara ningún concurso público.
