Los responsables de Moncloa.com le han pedido al juez Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional, que les retire la condición de imputados por un supuesto delito de extorsión. Tanto Alejandro Suárez, dueño de Moncloa.com y Merca2, como Ricardo Ducazcal, director de relaciones institucionales del grupo, han cursado esta petición a través de sus abogados después de que acudieran a declarar como investigados por extorsión, tal y como adelantó ElPlural.com, a raíz de sus publicaciones sobre las grabaciones del comisario José Manuel Villarejo y el supuesto espionaje de Iberdrola a Florentino Pérez para obstaculizar la presencia de ACS en la eléctrica.  

Ambos acudieron el martes a la Audiencia Nacional, citados por el juez que investiga el caso Tándem, investigados ante la sospecha de que pudieran haber usado las grabaciones de Villarejo para conseguir contratos de publicidad de grandes bancos y empresas.

Según El Español, ambos responsables fueron preguntados por el juez y los fiscales anticorrupción si habían tenido contactos, o lo habían intentado, con responsables de ACS, Iberdrola y BBVA para comunicarles la posesión del material del polémico excomisario e insinuarles los beneficios de contratar publicidad en sus medios de comunicación, algo que negaron con el argumento de que todos sus contactos con anunciantes se hacían de manera comercial y profesional.

El defensor de ambos, el conocido abogado Miguel Durán, ha pedido por escrito al juez que les retire las imputaciones. "Seguimos sin comprender la condición de 'investigados' de nuestros representados, personas que sólo están cumpliendo con sus deberes empresariales y profesionales y que, en buena medida, le están aportando al Juzgado, mediante la labor periodística que llevan a cabo, mucho material adecuado para profundizar en la investigación de lo que, a todas luces, sí apunta a actuaciones delictivas", señala el escrito.

Sobre la prohibición que el juez ha impuesto a ambos medios para que no haya más publicaciones de grabaciones de Villarejo, el abogado alega: "Ninguna motivación se contiene sobre tal prohibición, entendiendo por esta defensa que, más bien, vendría a ser una 'censura previa' que quiere mantener el Juzgado" y ello pese al "deber de mis representados de informar a sus lectores y a la sociedad española acerca de hechos de indudable interés público, que -entendemos- no existe razón alguna para hurtarles, sustraerles o ser censurados por el poder del Estado, pues la información es un bien colectivo que beneficia a su sociedad al hacerla más libre y plural". Y reclama que, en la medida que no vulnere el secreto de sumario, se les informe de "cuáles son los indicios que hayan podido servir de base para que se encuentren en esta situación".