La Fiscalía Anticorrupción no recurrirá el archivo de la causa contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que decretó el pasado 20 de abril el magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, dentro del caso Púnica.

Según ha podido saber ElPlural.com de fuentes del Ministerio Fiscal, Anticorrupción se unirá al archivo decretado por el juez y, al contrario de lo ocurrido con el exalcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, no recurrirá para que se reabra la investigación por Púnica contra Cifuentes, que llevaba imputada desde 2019 por los delitos de prevaricación y cohecho por la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco del empresario Arturo Fernández.

El pasado 20 de abril, el juez García Castellón archivaba la causa y retiraba la imputación a Cristina Cifuentes, a la funcionaria de la Asamblea de Madrid, Tatiana Recoder y al empresario beneficiado, Arturo Fernández. Según el magistrado. Todos estaban investigados por la adjudicación del contrato de la cafetería, al haber sido Cifuentes al mismo tiempo miembro de la comisión de expertos que valoraba las ofertas y de la mesa de adjudicación que decidía. Además, la UCO basaba sus acusaciones en que Cifuentes formaba parte del patronato de la Fundación Fundescam, perteneciente al PP, y a la que Arturo Fernández había realizado donaciones.

Por todo ello, en su día el juez García Castellón imputó a Cifuentes, al considerar que había valorado "de forma arbitraria las ofertas presentadas por los licitadores, posicionándose en dicha valoración a favor del Grupo Cantoblanco". Sin embargo, en su auto del 20 de abril, el magistrado cerraba la investigación al considerar que “no se desprende de lo actuado hasta el momento indicio alguno que permita sostener que la señora Cifuentes tuviera conocimiento de quienes eran los donantes de la Fundación Fundescam”. Una decisión que se basaba al mismo tiempo, según el propio auto, en un escrito de defensa de la expresidenta madrileña presentado hace casi medio año, en noviembre, y en otro escrito de la funcionario investigada y presentado solo 24 horas antes.

Postura diferente con García Vinuesa

El archivo de la causa, además, dejaba en evidencia que la decisión se había tomado sin consultar previamente a la Fiscalía, algo que no es preceptivo pero que sí es habitual. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción ha decidido no recurrir el archivo y adherirse a la argumentación de García Castellón. Esta postura, sin embargo, no es la que se siguió con el archivo, también dentro del caso Púnica, sobre la causa que pesaba contra Ignacio García de Vinuesa, exalcalde de Alcobendas.

El pasado 5 de noviembre, el juez provocaba un terremoto en el Gobierno de Díaz Ayuso al imputar a Ignacio García de Vinuesa. Aunque era por su etapa como alcalde de Alcobendas, en relación con sus contratos con la trama Púnica para servicios de reputación online, en aquel momento era un alto cargo de la Comunidad de Madrid, como Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, de donde dimitió tras la decisión judicial. Unos meses después, el 10 de febrero de 2021, García Castellón decidía archivar esta investigación y retirar la imputación a García de Vinuesa, también sin consultar antes con la Fiscalía.

Cinco días después el Ministerio Fiscal presentaba un recurso contra la decisión del magistrado, aunque no se conoció hasta varias semanas después. En su escrito, la Fiscalía aseguraba que García Castellón no había valorado correctamente todos los indicios que apuntaban contra el exalcalde de Alcobendas. “Son muchos los indicios y elementos probatorios que revelan” que García de Vinuesa, decía la Fiscalía, contactó con Alejandro de Pedro, el conseguidor de la Púnica y que contrataron sus servicios “de forma encubierta” con fondos públicos.