El juez instructor del caso Púnica, Manuel García Castellón, se ha convertido en uno de los protagonistas de los primeros compases de la campaña electoral madrileña, que todo lo inunda, con su inesperada decisión de archivar la causa contra la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes, imputada desde 2019 por los delitos de prevaricación y cohecho. La decisión, para lo que no ha contado con el aval de la Fiscalía Anticorrupción, aunque no es preceptivo, se toma basándose en una petición de noviembre de 2020 y unos días de que Isabel Díaz Ayuso cierre la campaña electoral entregando a Cifuentes la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid.

El auto que firma el magistrado del juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional se basa en una de las muchas peticiones de Cristina Cifuentes para ser apartada de la investigación del Caso Púnica, donde estaba imputada desde 2019 por prevaricación y cohecho por el mismo juez García Castellón. En este caso, el escrito en el que se basa el archivo de su causa es el que Cifuentes presentó a principios de noviembre de 2020, hace casi medio año, pero aprovechando el escrito que presentó justo este lunes, 24 horas antes, la otra beneficiada del archivo, la letrada de la Asamblea Tatiana Recoder. 

Cifuentes estaba imputada por la adjudicación del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid, donde participó de una manera que, según el juez que ahora archiva su causa, “conculcaba la legalidad vigente”. El servicio de cafetería fue adjudicado al Grupo Cantoblanco, del entonces jefe de la patronal madrileña, Arturo Fernández. Y Cifuentes, de manera supuestamente irregular, era al mismo tiempo miembro del comité de expertos que valoraba, según García Castellón, "de forma arbitraria las ofertas presentadas por los licitadores, posicionándose en dicha valoración a favor del Grupo Cantoblanco", y presidía también la mesa de contratación que adjudicó el contrato.

A todo esto hay que sumar que Cifuentes era miembro del patronato de Fundescam, la polémica fundación del PP que habría servido para canalizar la financiación irregular del partido en época de Aguirre. Y es que el Arturo Fernández donó grandes cantidades de dinero a Fundescam cuando Cifuentes estaba en la fundación. Así, la expresidenta madrileña era al mismo tiempo experta para valorar la oferta de Arturo Fernández, la encargada de darle el contrato y patrona de la fundación donde donaba el interesado.

Sin embargo, ahora García Castellón cree que, tras las pesquisas realizadas, “no se desprende de lo actuado hasta el momento indicio alguno que permita sostener que la señora Cifuentes tuviera conocimiento de quienes eran los donantes de la Fundación Fundescam”. Algo que va en la línea del escrito que presentó Cifuentes hace casi medio año, donde señalaba que ella desconocía que Arturo Fernández era donante de Fundescam y acusaba a la UCO de que el informe que valió su imputación se hizo “sin los conocimientos adecuados en materia tan especial como la contratación pública”.

Además, el juez archiva el caso sólo 24 horas después del escrito en que lo solicita la defensa de Tatiana Recoder, aunque para el caso de Cifuentes se tiene que remitir a la petición que hizo la expresidenta hace casi medio año. Según reconoce el magistrado en su auto, al que ha tenido acceso ElPlural.com, la nueva reforma de Ley de Enjuciamiento Criminal de PSOE y Unidas Podemos acabó con la critica medida de la época de Mariano Rajoy, que limitaba las investigaciones judiciales a 36 meses. Por ello, el proceso de Púnica, afirma el auto, podría haberse extendido, mínimo, hasta el 29 de julio de 2021. Pero García Castellón afirma que, con la anterior ley -y teniendo en cuenta el plazo ampliado por el estado de alarma de la pandemia- el plazo habría acabado el 27 de agosto de 2020 y, "si se estuvo en condiciones de poder finalizarse el 27 de agosto de 2020, con mayor razón se debería estar en situación de hacerlo en este momento".

Sin el aval de la Fiscalía

En su auto, García Castellón no señala, como sí ha ocurrido en otras decisiones judiciales, que contase con el informe a favor de la Fiscalía Anticorrupción. No es algo preceptivo, pero es algo habitual en muchos magistrados. Y el detalle no es menor porque existe un precedente reciente también con este magistrado.

El pasado 5 de noviembre, el juez provocaba un terremoto en el Gobierno de Díaz Ayuso al imputar a Ignacio García de Vinuesa. Aunque era por su etapa como alcalde de Alcobendas, en relación con sus contratos con la trama Púnica para servicios de reputación online, en aquel momento era un alto cargo de la Comunidad de Madrid, como Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, de donde dimitió tras la decisión judicial. Unos meses después, el 10 de febrero de 2021, García Castellón decidía archivar esta investigación y retirar la imputación a García de Vinuesa.

Sin embargo, la decisión tampoco contaba con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción. Tanto era así que cinco días después el Ministerio Fiscal presentaba un recurso contra la decisión del magistrado, aunque no se conoció hasta varias semanas después. En su escrito, la Fiscalía aseguraba que García Castellón no había valorado correctamente todos los indicios que apuntaban contra el exalcalde de Alcobendas. “Son muchos los indicios y elementos probatorios que revelan” que García de Vinuesa, decía la Fiscalía, contactó con Alejandro de Pedro, el conseguidor de la Púnica y que contrataron sus servicios “de forma encubierta” con fondos públicos.

En plena campaña

La decisión de García Castellón llega pocas horas después de que arranque la campaña electoral en la Comunidad de Madrid, que durará dos semanas y acabará el próximo 2 de mayo, el día regional. Precisamente, un día en el que Ayuso entregará la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a Cristina Cifuentes y a Ángel Garrido. La actual presidenta ha recuperado este gesto con sus predecesores que había paralizado la propia Cifuentes para no dar la medalla a Ignacio González cuando estaba investigado.