Carmen Calvo ha sido propuesta al PP como Defensora del Pueblo, según afirman varios medios.
Se trata de uno de los nombres que el PSOE propondrá al PP para acordar la renovación de varios órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas.
La noticia, que ha sido adelantada esta misma mañana por 'El Confidencial Digital', supondría el adiós de Calvo como diputada en el Congreso de resultar elegida tras haber sido cesada como vicepresidenta del Gobierno.
Renovación pospuesta
El Pleno del Congreso no aprobará finalmente la próxima semana la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, como se había anunciado inicialmente, con lo que estos nombramientos se retrasarán hasta el mes de noviembre.
La semana pasada, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PP para renovar los órganos citados -más la Agencia Española de Protección de Datos- se anunció que el Pleno del Congreso se pronunciaría sobre los candidatos que le corresponden la semana del 25 de octubre.
Sin embargo, finalmente la próxima semana no habrá sesión plenaria porque esos días se han reservado para la comparecencia en la Comisión de Presupuestos de casi un centenar de altos cargos para informar sobre el proyecto de las cuentas públicas de 2022.
En rueda de prensa en el Congreso, el portavoz del Grupo Socialista ha explicado que la Mesa de la Cámara aún no ha fijado un calendario para las comparecencias de los aspirantes a integrar los órganos caducados, paso previo a sus comparecencias en comisión y su elección en el Pleno.
Gómez ha señalado que las negociaciones sobre los nombres siguen abiertas y ha mostrado su deseo de que el Pleno pueda votar las candidaturas lo antes posible. Además, ha insistido en la conveniencia de pactar también la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
En la misma línea se ha pronunciado la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, quien ha indicado que este retraso no tiene que ver con el estado de las negociaciones, sino con la necesidad de cumplir los plazos previstos en el Reglamento del Congreso y a la vez hacer compatible el proceso con la actividad parlamentaria.
