El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha cargado este sábado contra el Partido Popular (PP) por la situación en la que se encuentra el mercado del alquiler en España, asegurando que si los precios no bajan “es porque Feijóo no quiere”. Así, el ministro ha sostenido que los presidentes autonómicos del PP se niegan a aplicar los mecanismos de la Ley de Vivienda, lo que, a su juicio, agrava la crisis y deja a miles de familias en riesgo de exclusión.
"Las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular se niegan a aplicar los instrumentos que tenemos para controlar los alquileres e impedir el mecanismo especulativo que está haciendo que este país tenga la mayor proporción de inquilinos en riesgo de exclusión social y de pobreza de Europa. Es responsabilidad política directa del Partido Popular", ha afirmado Bustinduy a su llegada a las fiestas del PCE en Madrid.
Al hilo de todo ello, el ministro ha llamado a responsabilizar políticamente a los presidentes autonómicos del PP y a incrementar la presión social hacia ellos. “Es curioso que los presidentes del Partido Popular achacan el problema de la vivienda a una ley que no aplican. El Partido Popular quiere obstruir cualquier mecanismo para limitar los alquileres”, ha denunciado. Asimismo, el titular de la cartera de Derechos Sociales ha acusado al PP de defender “a los rentistas y no a los inquilinos”, mencionando como ejemplo el auge de los pisos turísticos ilegales, ante los cuales, asegura, los responsables autonómicos populares “no hacen nada”. "Por tanto, queremos que de una vez el Gobierno intervenga para superar estos bloqueos e intervenir el mercado de la vivienda", ha subrayado.
En otro orden de cosas, el ministro también ha destacado que España se encuentra a la cola de Europa en cuanto a parque público de vivienda. “Si en España no se hubiera privatizado la vivienda pública, este país tendría el parque de vivienda público mayor de Europa. Por tanto, no se puede esperar más. Vivienda, vivienda y vivienda: creo que ésta debe ser, y no puede ser de otra manera, la primera prioridad de este Gobierno en lo que resta de legislatura”, ha recalcado para acabar matizando que "debe primar el derecho constitucional de las familias y los trabajadores a los intereses y el lucro especulativo de los grandes fondos de inversión y de los fondos buitre que están comprando edificios enteros para echar por cualquier medio a las familias de sus casas".
Plan Estatal de Vivienda
El pasado 16 de septiembre, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, expuso en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros las “líneas maestras” del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que se prevé aprobar a finales de diciembre y por el que se repartirán los 7.000 millones de euros que lo dotan de financiación.
De estos 7.000 millones, el 40% se destinará para “incrementar la oferta del parque público”, un 30% para programas de rehabilitación de vivienda con estándares de eficiencia energética, accesibilidad y habitabilidad, y otro 30% para ayudas que den respuesta a problemas “emergentes” y que “no pueden esperar” a los ritmos de construcción. Estos problemas son dos, principalmente: que los jóvenes puedan emanciparse y que las familias destinen como máximo el 30% de sus ingresos a la vivienda.
El Estado asumirá el 60% de la inversión y el 40% recaerá en las comunidades autónomas, un reparto que Rodríguez ha calificado como “coherente” con el reparto de competencias de la Constitución. Y al respecto ha querido recordar que la dotación de 7.000 millones de euros supone triplicar el presupuesto destinado a vivienda.
