Prohibir las manifestaciones contra la violencia machista. Esta ha sido la última propuesta del PP y Vox en materia de Igualdad, concretamente en la provincia valenciana de Náquera (7.000 habitantes), donde el Ejecutivo de coalición pretende acabar con las concentraciones que claman contra una lacra que desde la extrema derecha niegan.

De esta manera, las derechas de la localidad esperan que las proclamas contra la violencia hacia la mujer se sustituyan por repudias genéricas de “No a la violencia” o “Condenamos toda violencia” en las concentraciones ‘moradas’ que organizan los ayuntamientos cuando se produce un asesinato en estos términos.

Sobre ello se ha pronunciado el portavoz de Justicia, Igualdad y Estado de Derecho de la Comisión Europea, Christian Wigand, a una pregunta sobre la cuestión. El responsable de Bruselas se ha mostrado tajante, sin salir de su asombro: “Las manifestaciones pacíficas son un derecho fundamental en todos los países democráticos”.

Cuestionado asimismo por el auge de la entrada de la extrema derecha en comunidades y ayuntamientos, el órgano europeo es consciente del acuerdo en el municipio de la Ciudad del Turia, pero apunta que “primero habría que ver con las autoridades de los Estados miembros”. Por ende, y por del momento; “estamos al tanto de las informaciones en los medios”, pero “no comentamos mucho”, se limitan a deslizar.

Sin embargo, la Comisión ha contestado no solo a la legislación que PP y Vox tienen en mente y que guarda relación con los derechos de las mujeres; sino también con los del colectivo LGTBI. “La Comisión Europea tiene estándares claros sobre la igualdad LGTBI, algo que recoge la estrategia europea y para proteger a niñas y mujeres de la violencia”, ha expresado Wigand. Estas declaraciones vienen también a cuenta de otra propuesta del Consistorio en materia de Igualdad que contemplan la prohibición de las banderas LGTBI en los balcones oficiales.

La violencia machista, en el centro del acuerdo PP-Vox

La violencia machista es el principal punto caliente de las negociaciones PP-Vox y el reflejo de lo que está suponiendo el pacto en algunos territorios. Entretanto, pone contra las cuerdas al propio líder ‘popular’, Alberto Núñez Feijóo, que se ha visto comprometido con el asunto en las últimas horas al asegurar que el documento firmado en la Comunidad Valenciana “no cuestiona la violencia machista” al hablar expresamente de violencia intrafamiliar. “La violencia machista es una obviedad y, por lo tanto, no debe llamar la atención que no esté en los textos”, se defendía el líder gallego esta semana en una entrevista a la Cadena Ser.

En aquella misma conversación con Aimar Bretos dio el visto bueno a Carlos Flores, candidato de la ultraderecha a la Comunidad y que concurrirá como número uno en las listas al Congreso por Valencia, al considerar que tuvo un “divorcio duro y conllevó un abuso verbal hacia su exmujer”.

El ‘veto’ en Extremadura

En otro orden de cosas, en Extremadura el acuerdo entre las dos fuerzas de la derecha está roto por el momento. La responsable del PP, María Guardiola, ha señalado como línea roja la negativa de la violencia de género o el odio hacia el colectivo LGTBI o la población migrante.

“Creo en una Extremadura inclusiva, moderna, permeable, solidaria y responsable. Ellos (Vox) han antepuesto sus ansias de poder y la soberbia al cambio sin ser capaces de mirar más allá de su propio ombligo (…) Porque hablan mucho de cambio, pero a la hora de la verdad lo que hacen es proponer medidas totalmente obsoletas y buscar el aplauso fácil de los suyos. Por eso, yo no puedo integrar en el Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGBTBI”, ha explicado.

Aunque no ha sido así a nivel autonómico, en el ámbito local PP y Vox sí que han llegado a acuerdos en varios municipios, siendo el más reseñable por su relevancia Navalmoral de la Mata. Frente a ello, la cara visible del PP en Extremadura ha señalado que “la política municipal no es comparable con las regionales”. “Las líneas generales de un Gobierno regional son completamente distintas de los problemas del día a día de un municipio”, subrayaba en una conversación publicada este miércoles en El País.

Baleares, con un presidente homófobo y machista

El otro caso más mediático hasta ahora es el de Baleares, donde Vox ocupará la presidencia del Parlament con Gabriel Le Senne, una persona que no ha tenido reparo a dar rienda suelta a su machismo, homofobia, transfobia, xenofobia o negacionismo climático en redes sociales.