Una reunión anunciada y necesaria. La situación epidemiológica de la Comunidad de Madrid ha forzado que la administración central, criticada hasta la saciedad por su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, convocase una reunión en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo regional, con la que hasta ahora ha sido la dirigente convertida en ariete popular contra las políticas adoptadas por Pedro Sánchez y su núcleo duro para atajar los problemas derivados del virus.

Ha sido un encuentro “fructífero”, en palabras de los dos plenipotenciarios citados a las 12 de la mañana. Hora y media más tarde de que empezaran las conversaciones, acabada la pompa ceremonial que acostumbran a tener estas citas, los equipos de comunicación de una y otra administración avisaban de que se había alcanzado un acuerdo. Media hora más tarde, presidente y presidenta se cedían el turno de palabra entre agradecimientos mutuos.

Una imagen que hace meses nadie hubiera esperado. Como tampoco hubiera esperado que Comunidad de Madrid y Gobierno de España lograsen apartar sus diferencias para, al menos, anunciar que las reuniones seguirían produciéndose. Por el momento, eso ha sido todo. Pero es un primer paso. Lo harán a través de un "Espacio de Cooperación" compuesto por el ministro de Sanidad, Salvador Illa; la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias; el vicepresidente y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado; y el consejero de Sanidad regional, Enrique Ruiz Escudero.

Al "Espacio de Cooperación" hay que sumar dos nuevas Unidades de Apoyo para gestionar la pandemia en la Comunidad de Madrid. Se crearán la Unidad Territorial y la Unidad técnica. La primera estará compuesta por el consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez García; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez Páez; y el presidente de la Federación Madrileña de Municipios, Guillermo Hita.

Por su parte, la Unidad técnica estará compuesta por el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido; el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco; la secretaria general de Transportes del Gobierno de España, María José Rallo del Olmo; un representante de la Unidad Militar de Emergencias (UME), un representante de la Policía Nacional, un representante de la Guardia Civil, el director del SUMMA-112 y el director del SAMUR.

“Apoyar” y no “tutelar”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en la idea de que las competencias recaen sobre la Comunidad de Madrid. Por ello, ha avisado de que prestarán toda la ayuda logística que la autonomía demande, sirviendo así de “apoyo” para elaborar una estrategia “coordinada” y de respeto mutuo que de ninguna forma ha de convertirse en “suplantación o tutelaje”.

“Madrid necesita recursos”, ha repetido Isabel Díaz Ayuso, a lo que Sánchez recordaba que había puesto sobre la mesa sanitarios, agentes de la Unidad Militar de Emergencias, rastreadores e incluso asesoría para que el “plan Madrid” llegue a buen puerto. El presidente también ha incidido en la necesidad de mejorar la Atención Primaria de Madrid. Ayuso, entre tanto, sacaba pecho por construir Ifema, por ser “la locomotora de España” e invitaba a Sánchez a la inauguración del nuevo hospital de pandemias que costará a los madrileños 50 millones de euros.

Además, pedía al Gobierno un plan formativo para sanitarios denunciando que “no hay médicos en España”. Una retahíla de declaraciones donde no ha faltado el sello de la casa: problemas con la ocupación, con los menas y con la “forma de vida” de la inmigración en Madrid.

Por el momento, este jueves se reunirán por primera vez sendas administraciones con el fin de aportar medidas tangibles a los madrileños. Además, se dará el tiempo preceptivo a la Comunidad para ver si sus restricciones selectivas de la movilidad funcionan en el medio plazo. Con el estado de alarma descartado y el “confinamiento” apreciado como última bala, empiezan las negociaciones.