ETA y EH Bildu regresaron al eje del debate público la pasada semana, cuando trascendió que en las listas municipales de la formación abertzale se incluía a siete etarras condenados por delitos de sangre. Gasolina para un Partido Popular que, desde entonces, no ha soltado el hueso de la eterna cantinela. Los conservadores presionan desde entonces con el mantra de un terrorismo que ya no existe. Tal es así que vertebra ahora el argumentario de la campaña electoral, opacando cuestiones troncales. Giro que causa sorpresa tras la reacción del jefe de filas popular al conocer la renuncia de los candidatos este pasado martes. Sin embargo, el influjo de Isabel Díaz Ayuso, sumado a las presiones constantes de la ultraderecha, fuerzan a Génova a mantener la presión y elevar el tono contra Pedro Sánchez y, a su vez, enmendar las tesis del Tribunal Constitucional y de la propia formación.

Ayuso es un verso libre. Nadie duda sobre ello. En Génova saben que la presidenta de la Comunidad de Madrid no espera con su café a recibir el argumentario del día y opta por su propio camino, en cierto modo para marcar el paso también de Alberto Núñez Feijóo. El jefe conservador y la baronesa contrapusieron sus posturas a primera hora del pasado martes, con dos reacciones diametralmente opuestas sobre la renuncia de los candidatos de Bildu condenados por delitos de sangre. El escepticismo de Sol contagió la confianza del líder de la oposición, que fue mermando a lo largo del día, hasta la sesión de control al Gobierno en el Senado, aunque previamente instó a los siete etarras a que renunciaran por escrito ante la Junta Electoral Central para que “no fuera un engaño más”.

A remolque de Ayuso y Vox

En la Cámara Alta el líder del Partido Popular ensordeció a sus señorías con un tono poco usual y resucitando el “usted ha traicionado a los muertos” que en 2005 arrojó Mariano Rajoy sobre José Luis Rodríguez Zapatero. Del Feijóo conciliador del madrugador tuit, a una versión del jefe conservador que reprochaba a Sánchez su complicidad no solo con EH Bildu, sino también con “violadores, pederastas, sediciosos, okupas y ahora también los que iban con pasamontañas y pistolas”. Una colección de improperios que incluso sorprende entre las huestes del PSOE. “No queda ni la sombra de ese hombre que venía de Galicia con un aura institucional y de seriedad. Casado es un amateur al lado de su extremismo”, comentan diversos resortes socialistas.

Antes, a su derecha ya correteaban planteamientos de dureza similar, amén de una ilegalización que la propia Ayuso puso encima de la mesa desde el minuto uno. Sin entrar del todo en el juego de la extrema derecha y de la baronesa, Feijóo ya instó a Sánchez para que activara los resortes de la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado para escudriñar la Ley de Partidos o la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) en busca de la más tenue hendidura que posibilitara la anulación de las candidaturas abertzales. El líder de la oposición, arrogado a los designios de Sol y en el cuerpo a cuerpo con la ultraderecha, sabedores de que se trata de una cuestión crucial en la caza del voto de Vox. De hecho, hay quien opina en Génova que sí hay un debate en el que ha de mostrar contundencia es este. Aunque calculan que poco recorrido le queda a la polémica, los populares intentarán estirar el chicle lo máximo posible.

Contra la doctrina del TC…

La posición a la que se ha visto arrastrado Feijóo contraviene al Tribunal Constitucional, arma recurrente de la derecha para torpedear las leyes que contrarias a su ser. Para ello hay que retrotraerse al año 2011, cuando este mismo debate alcanzó su punto más álgido. El Tribunal Supremo ilegalizó la coalición Bildu, que entonces conformaban Eusko Alkartasuna y Alternatiba. El Alto Tribunal obvió las condenas a la violencia que “han sido incluso recomendadas por ETA a fin de dar una apariencia de distanciamiento”. Es decir, lo consideraban una suerte de “tacticismo instrumental” auspiciado desde la propia banda terrorista.

No obstante, un Constitucional dividido emitió una sentencia mediante la cual permitió a la coalición abertzale presentarse unos días después a las elecciones vascas y navarras. Los magistrados favorables a la legalización entendieron que el Supremo falló sin pruebas suficientes en contra de Bildu, además de no entender la condena expresa del terrorismo como excusa para ilegalizar al partido. “No es necesario, en este caso, oponer a los indicios manejados conjuntamente considerados, dada su insuficiencia probatoria, el contraindicio de la condena del terrorismo”, aseguraron en el TC, entendiendo que el argumento esgrimido no constituía “sin más” un factor excluyente. “Nadie es responsable de comportamientos ajenos”, agregaron.

Los magistrados del TC analizaron los dos partidos que conformaban la coalición, arguyendo que sendas fuerzas “han condenado y condenan la violencia de ETA con reiteración”. De tal modo “no hay ninguna razón para suponer que la acogida en sus listas de independientes se haya realizado con relegación y olvido de aquellas posiciones públicas”. De hecho, apelaron a un documento firmado por todos los candidatos abertzales en el que mostraban su oposición a “cualquier acto o actividad que suponga agresión o violación a cualquier derecho humano y al uso de la violencia para lograr objetivos políticos”.

Esta misma sentencia, de hecho, expuso una suerte de bases sobre las que fundamentarse para la ilegalización de partidos. “La simple sospecha no puede constituirse en argumento jurídicamente aceptable para excluir a nadie del pleno ejercicio de su derecho fundamental de participación política”, rezaba el fallo del Constitucional, en el que se agregaba que la “pretensión a ultranza” a través de “controles preventivos” pone en riesgo al “propio Estado constitucional”.

…y del PP

Lo cierto es que los conservadores han adoptado diversas posturas con respecto al terrorismo etarra en función de su estado. Resuena aún en el imaginario colectivo aquel “movimiento vasco de liberación” de José María Aznar, gran exponente del conservadurismo patrio, cuando accedió al Palacio de La Moncloa. Tesis que se aleja de aquel Rajoy en la oposición que recientemente ha emulado Núñez Feijóo y la bancada popular en el Congreso de los Diputados. Por supuesto, se opone también a las constantes llamadas de Borja Sémper, quien siempre ha mantenido que el futuro de Euskadi debía construirse con Bildu y los no menos recordados “vinos” de Javier Maroto.

La hemeroteca parlamentaria desenmaraña el argumentario genovés de este 2023, cuando el Partido Popular dio la espalda a Rosa Díez en 2014. La entonces líder del extinto Unión Progreso y Democracia (UPyD) promovió una moción -como actualmente Vox- para ilegalizar a EH Bildu a pesar de contar con el aval del Tribunal Constitucional. Los conservadores votaron junto a la izquierda, sintonizando con las palabras que dos años antes había pronunciado el entonces ministro del Interior. Jorge Fernández Díaz ya rechazó de pleno la ilegalización de los abertzales que hoy exigen en sectores populares. Amparándose en la inexistencia de “base jurídica” para ello, el exministro de Rajoy despachó el asunto admitiendo que harían un flaco favor a la democracia si la promovieran. Unos tiempos en los que miembros del PP defendían que si hay algo que hablar se haría “desde las instituciones” y nunca “al margen”.