El futuro de Juan Lobato, quien presentaba su dimisión el pasado miércoles, ha abierto una nueva brecha entre Génova e Isabel Díaz Ayuso, y es que si bien parte del equipo de Alberto Núñez Feijóo consideran que el portavoz del PSOE de Madrid (PSOE-M) ha sido poco menos que un damnificado de la situación actual, desde Sol tienen claro que el peso de la ley debe caer sobre él. “Debe ser imputado”, emiten fuentes cercanas al entorno de la lideresa autonómica a ElPlural.com.
Unas formas que chocan frontalmente con las declaraciones esgrimidas en la última semana a nivel nacional. En ese sentido, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, aseguraba esta semana -previa decisión del que fuera hasta hace unas horas secretario general de los socialistas en la autonomía- que estaba convencida de que iba a ser “purgado” por ser “el único que no ha colaborado con la corrupción” en las filas de su partido. En la misma línea, la mano derecha del expresidente de la Xunta de Galicia se mostraba convencida de que en el PSOE “presionan y persiguen” a aquellas personas que no participan en la “persecución política al adversario que se promueve desde Moncloa”.
De esta manera, la número 2 de los populares vaticinaba que se iban a llevar a cabo acciones “contra las voces críticas”. “El PSOE se ha convertido en un régimen que se sustenta en aquellos que colaboran para garantizar la continuidad de Sánchez en el poder”, aseveraba.
Cuando quedaban algunos días para que Lobato declarase ante el Tribunal Supremo, la también diputada en el Congreso de los Diputados calificaba el momento que tendrá lugar este viernes como “crucial para la sociedad española”.
"Respeto política y personalmente a Lobato"
Sobre ello, el vicesecretario y portavoz del PP, Borja Sémper, se pronunciaba en una línea similar en una entrevista concedida a Espejo Público hace poco menos de 24 horas. El dirigente popular reconocía respetar “política y personalmente” a Lobato e instaba a analizar “las dialécticas internas del PSOE” para entender “este vodevil”.
A su juicio, se habría podido cometer un delito en el que esté “implicado supuestamente la Moncloa, el fiscal general del Estado, el Jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, su jefa de Gabinete y el secretario general del PSOE en Madrid”. De hecho, muestra su sorpresa porque haya dimitida Lobato, “pero no el fiscal general del Estado, ni Sánchez, ni ministros implicados”.
Para el PP de Madrid "es un presunto delincuente"
En un tono más duro, el PP madrileño a través de su secretario general emitía: “Lobato es el primero, el resto se irán después. Sánchez ha traspasado todos los límites y tiene que irse”. Sobre ello, Serrano consideraba que el que fuera portavoz de los socialistas en Madrid había “atacado sin sentido a la presidenta durante meses” y que lo que ahora pasa obedece a “peleas particulares dentro del partido, que reconocen que se han cometido actos delictivos”.
Entendemos que la decisión de Lobato es su única salida tras reconocer que desde Presidencia del Gobierno se le podía haber utilizado para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid con una información filtrada por la Fiscalía General del Estado, y tras meses encubriendo un delito (…) Es un presunto delincuente -uno más de la lista del PSOE- al exhibir el mail de la Fiscalía y, por tanto, cometer graves actos delictivos”.
Cronología de una caída
El caso del novio de Ayuso, Alberto González Amador, terminaba esta semana salpicando sin quererlo al PSOE debido a la decisión de Lobato de acudir este mismo mes a un notario para registrar unos mensajes de Whastapp que se había cruzado en marzo con la entonces jefa de gabinete de Óscar López, Pilar Sánchez Acera.
Tanto Lobato como el propio Ejecutivo apuntaban en las últimas horas a que, de esos mensajes -que no se han hecho públicos- no se deduce que La Moncloa fuese autora de la mencionada filtración a los medios que ahora se investiga en el alto tribunal y que, según un informe de la Guardia Civil, tuvo una “participación preeminente” el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Así las cosas, Lobato explicó públicamente, lo mismo que fuentes del Gobierno, que en esos whatsapps lo que hay es una explicación por parte de Acera a su persona de que la información que le envía sobre el caso, que era secreta, la ha obtenido “de los medios” y, en consecuencia, que ahora se ha visto implicado en ese caso de filtración.
En el momento en el que se produjo el intercambio de mensajes entre los políticos el documento todavía no se había publicado de manera íntegra. Asimismo, Lobato emitió que la versión que le envió a Sánchez Acera no constaba de marca de agua, siendo esta última la manera en la que se publicó esa mañana en algunos medios.
Pese a todo, Lobato presentó su dimisión el pasado miércoles debido a las presiones. “Lo hago para poner freno a una situación de enfrentamiento y división grave que se estaba generando en el partido, que sólo iba a dañar al PSOE en Madrid y a los avances en la unidad que habíamos conseguido en estos tres años. Mi objetivo siempre ha sido construir un proyecto ambicioso y con ilusión para Madrid, y así debe seguir siendo en el futuro. Siempre he dejado claro que la política en la que creo tiene como esencia el diálogo y el debate, el servicio público, la honestidad y el interés general”, esgrimía.
El bulo de Miguel Ángel Rodríguez
Fuentes de Moncloa apuntaban nuevamente esta semana a la falsedad difundida por el jefe de prensa de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez: “Lo que ocurrió que -MAR- distribuyó una información falsa y el fiscal general del Estado lo que hizo fue desmentir el bulo y decir la verdad”. “Eso es lo que ha ocurrido. No tenemos nada más que añadir. El fiscal dijo que era un bulo y demostró que era falso, era justamente al revés”, apostilló en este caso el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Este mismo mes el fiscal general del Estado pedía al alto tribunal que el responsable de prensa de la baronesa declarase como testigo en la causa por revelación de secretos que se investiga contra él. García Ortiz explicaba que había “indicios” de que Rodríguez accedió “a una parte del contenido de los correos” en los que la defensa de la pareja de Ayuso ofrecía un pacto a la Fiscalía por su caso de doble fraude fiscal confeso
