El martes pasado, tras anunciarse el acuerdo entre el Gobierno y Junts per Catalunya, la presidenta de la Comunidad de Madrid marcó el paso al resto de barones autonómicos y a Alberto Núñez Feijóo. Ayuso entonó un nuevo grito de guerra en su batalla incesante contra Moncloa, esta vez por el reparto de menores migrantes. La lideresa madrileña amenazó con trasladar el campo de batalla de la reforma de la Ley de Extranjería a los tribunales, siempre y cuando el Congreso diese su visto bueno. Promesa que el Partido Popular ha terminado por hacer suya, dando la espalda al Gobierno canario, donde sus siglas figuran junto a las de Coalición Canaria.
En Génova cultivan ya la semilla plantada por una Ayuso que este lunes ha vuelto a amenazar a Moncloa con los tribunales. Entre acusaciones de corrupción al Gobierno y ataques personales a su presidente, Pedro Sánchez, la lideresa madrileña le atribuía haber fomentado "una inmigración que atacaba todo lo español". "La crisis mundial de la inmigración tiene en Sánchez a un verdadero incendiario", insistía la baronesa conservadora en un desayuno informativo organizado este mismo lunes, apenas una semana después de prender las antorchas para arrinconar a Moncloa contra los tribunales.
Ofensiva judicial
Desde entonces, el PP se puso manos a la obra, arrastrado por el frentismo que caracteriza a la acción de gobierno desde la Puerta del Sol. En Génova trabajan en un plan A, pero también en un B. Los conservadores estudian una alternativa a la ofensiva judicial por si, en caso de no funcionar esta palanca, tuvieran que fiarlo todo a los mecanismos reglados de devolución de menores migrantes. No obstante, por el momento, toda la apuesta está sobre la vía judicial.
Los Gobiernos de Madrid, Aragón, Murcia, Cantabria, Galicia, Andalucía y Castilla y León ya anunciaron sus intenciones de acudir al Constitucional prácticamente desde que se hizo oficial el acuerdo con Junts. Consideran "partidista" y "xenófobo" el reparto pactado con los neoconvergentes, quienes se jactaron entonces de que a Cataluña tan sólo llegarían entre "20 y 30" menores, mientras que a regiones como Madrid lo harían "más de 700". Por ello, en la sala de máquinas popular ven "mucho recorrido" a los recursos que se planteen desde las administraciones, aunque compatibilizarán la acción judicial con la exigencia al Gobierno central de que se haga cargo de los menores en sus propias instalaciones.
En caso de que la respuesta judicial llegue en forma de varapalo para sus intereses, la dirección nacional ya ha garantizado que sus barones actuarán conforme a la ley, aunque tendrán la última palabra sobre la conveniencia del retorno de estos menores. Una medida que, por otro lado, no figura en ningún programa electoral del partido, pero tampoco en el acuerdo migratorio firmado por los de Feijóo con el Gobierno canario. No obstante, Mazón y otros representantes municipales y autonómicos del PP lo han asimido como propio. El Ayuntamiento de Murcia, por ejemplo, los conservadores pactaron una moción con Vox para que fuera el Ejecutivo regional el que promueva acuerdos con los países de origen para que estos niños y jóvenes sean "reintegrados con sus familias".
Por casualidades del destino, tanto Murcia como Aragón, otra autonomía que salió al quite contra el acuerdo de Sánchez con Junts, dirimen ahora una batalla intestina por cerrar los acuerdos con Vox para los presupuestos. Tras firmar Mazón los de Valencia, estaba previsto que las siguientes fichas cayesen; pero el pacto con los independentistas lo frenó al provocar un seísmo entre los conservadores y los ultraderechistas, como ya ocurriera en el verano de 2024; cuando Santiago Abascal dio la orden de salirse de todos los ejecutivos autonómicos.
El plan B
En consecuencia, tanto López Miras como Jorge Azcón ya avanzaron la semana pasada que no estaban dispuestos a pasar por el aro porque "no pueden". Aun con todo, pese a que la ofensiva judicial decayese, Génova se fija en la propuesta de la Unión Europea, que recoge que se podrá expulsar a un menor no acompañado tras ser "escuchado", siempre y cuando las autoridades se hayan asegurado de que "será devuelto a un miembro de su familia, a un tutor designado o a instalaciones de acogida adecuadas en el país de retorno". De hecho, hay quien sugiere en la dirección nacional que los agentes intervengan el móvil de los jóvenes y vean sus conversaciones porque "hablan todos los días con sus padres".
Asimismo, se aferran también a la legislación nacional. Concretamente al Reglamento de Extranjería, que recoge en sus artículo 191 y sucesivos cómo debería procederse a la repatriación de un menor migrante si su "interés superior se satisface con la reagrupación con su familia o puesta a disposición de los servicios de protección de su país de origen". Este supuesto, entienden en Génova, podría utilizarse en un escenario de superávit de acogida.
