Bruselas jugará un papel fundamental en el último curso de la legislatura. España acudirá a las urnas a finales de 2023 en un principio, momento en el que asumirá por quinta vez la presidencia de turno de la Unión Europea. Génova empieza a urdir su respuesta contra una pata clave en la estrategia de Pedro Sánchez para la futura campaña electoral y elevará a la UE su proposición de ley orgánica para la despolitización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Un plan que, sin embargo, ocultará las 25 excusas que el Partido Popular ha puesto desde 2020, en tiempos de regencia de Pablo Casado.

Génova se adelantará al presidente del Gobierno en su estrategia por reforzar su perfil en el ámbito internacional. Toda vez asentado en el trono de la Internacional Socialista, Sánchez tiene las miras puestas en el segundo semestre del curso, cuando España asuma la presidencia de la UE. Por ello, el PP ya ultima su plan de torpedeo al escaparate de Sánchez en Bruselas. Según ha avanzado el diario El Mundo, a pesar de que niegan a este periódico cualquier estratagema en esta dirección, el partido hará llegar su propuesta de despolitización del Poder Judicial al comisario de Justicia comunitario, Didier Reynders, quien visitó España hace escasas fechas y urgió al entendimiento entre los dos grandes partidos del arco parlamentario para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

La proposición de ley de los populares, que no ha cuajado entre las diversas asociaciones judiciales, respalda que los jueces elijan “por y entre sí” a la docena de vocales que componen el Poder Judicial procedentes de la carrera judicial. Asimismo, Génova propone una batería de requisitos en base a la antigüedad y el currículum para establecer un baremo objetivo -o que pretende serlo- para las designaciones del órgano de gobierno de la judicatura.

Torpedeo en Bruselas

Según El Mundo, fuentes del partido conservador admiten en privado que elevarán su propuesta a Bruselas, con el fin de hacerle saber al comisario de Justicia, como la política no es capaz de desbloquear el CGPJ, que lo resuelvan los propios jueces. Reconocen que supone un punto de presión para el Gobierno de cara a la presidencia de la UE y confían en que Sánchez llegue a la misma con el quiste judicial tal y como está en el momento.

El pasado mes de septiembre, coincidiendo con la visita del comisario Reynders a España, Feijóo le trasladó sus propuestas mediante una carta, que acabó con un tirón de orejas a los conservadores. Ahora, el PP le remitirá la proposición íntegra y pormenorizada, adaptándose, según alardean en Génova, a las peticiones de Europa. El comisario de Justicia instó a ambos partidos a sentarse a negociar y renovar el CGPJ para, después, acometer la reforma que permita a los jueces designar a los vocales del órgano constitucional.

Con esta estrategia, el Partido Popular busca tácitamente el beneplácito del comisario de Justicia de la Unión Europa para añadir más presión al PSOE con su reforma. Sin embargo, el plan tiene una vertiente más a largo plazo, pues el rechazo de Sánchez podría acarrear consecuencias peores para los socialistas. Al menos este es el sentir de Génova según lo publicado por El Mundo. Lo que los conservadores obviarán en esa estrategia son las constantes evasivas y coartadas a las que se aferran desde 2020 para eludir la renovación del Poder Judicial.

Las 25 excusas del PP

Génova cavó su trinchera en 2020, en tiempos de regencia de Pablo Casado, cuando ya habían pasado dos años desde que caducó el Poder Judicial. Hay que retrotraerse al mes de agosto de ese mismo curso, cuando el entonces líder del Partido Popular justificó su negativa a acometer la renovación en base a que no había “pacto posible” con aquellos que piden la “abdicación del Rey, la independencia de Cataluña y el blanqueamiento de los batasunos”, presentándose como la “alternativa real” a Sánchez. Un pretexto que rima con los recelos de los populares a los ataques de Podemos a la figura de Felipe VI. Ofensiva que le valió a Génova como prerrogativa para no cumplir con el mandato constitucional. De hecho, un mes después, exigieron que los morados se quedaran fuera de las negociaciones.

Antes de acabar ese mismo año, el que fuera fontanero de Casado y, por ende, su número dos, Teodoro García Egea, acotó que era preferible que el CGPJ siguiera como hasta ahora a que “entren miembros de Podemos” a un organismo que “desprecia”. Entre tanto, PSOE y PP avanzaban en negociaciones que, a la postre, se tornarían en frágiles. En alguna de ellas, Génova puso como línea roja el veto al juez de Prada y a Victoria Rosell como futuribles vocales.

El PP se aferró también al adelanto electoral de Isabel Díaz Ayuso tras la chapuza de PSOE y Ciudadanos en Murcia. Los populares consideraban entonces que sería más difícil alcanzar un acuerdo en un periodo de campaña, por lo que tiraron la toalla. No obstante, en abril de 2021, a menos de un mes de los comicios madrileños, blandieron el mantra de que “los jueces elijan a los jueces” como condición sine qua non para sentarse a negociar. Excusa a la que se aferraron durante meses y que salpimentaron con justificaciones de otra índole, tales como los indultos a los líderes del procés o descalificaciones varias hacia el presidente del Gobierno, aduciendo que “no es de fiar” y que “no es un presidente normal”.

Génova se aferró a la despolitización de la Justicia como arma contra Moncloa, un modelo que, según la ejecutiva de Pablo Casado, equipararía a España con el resto de la Unión Europea. Bruselas, como campo de batalla contra Sánchez; un resumen de los tres años que se acaban de cumplir de legislatura.

La etapa de Casado murió y se abrió paso a la “moderación” a la que se abrazaría el hasta entonces presidente de la Xunta de Galicia y nuevo pope conservador, Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, ese aperturismo no llegó y el gallego ha coleccionado, al igual que su predecesor, todo tipo de excusas, incluyendo un emplazamiento a negociar la renovación del CGPJ tras las elecciones andaluzas de junio de 2022. Una promesa que el líder de la oposición no cumplió, ya que después supeditó la negociación a la inclusión de “algunas reformas de regeneración” de la Justicia.

El pacto estuvo cerca y España rozó la renovación de su órgano constitucional en octubre de este mismo año. La visita de Reynders y la dimisión del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, aceleraron los contactos entre PSOE y PP, envueltos en un halo de misterio y “prudencia”. Sin embargo, cuando todo parecía hecho, aprovechando los trayectos del presidente del Gobierno en su gira por África, los conservadores rompieron el acuerdo, al que tan solo le faltaba la rúbrica final, amparándose, esta vez, en la reforma del delito de sedición.

Una voladura de puentes unilateral que ha provocado que, ya en 2023, la situación del CPGJ siga como en 2018. Es decir, encasquillada y sin visos a renovarse. Ahora, los conservadores han puesto sobre la mesa su propuesta para despolitizar elección de los vocales del Poder Judicial, sustentada en un plan de torpedeo al Gobierno en Europa y que se acomete seis meses antes de que España asuma la presidencia de turno de la Unión.