Los trabajadores del Hospital general
El aplazamiento de la paga del personal sanitario no ha afectado únicamente a los que están bajo el control del Consell. Trabajadores del Hospital General de Valencia -gestionado por una consorcio participado al 50% por la Generalitat y la Diputación de Valencia- aseguraron que a día de ayer no habían cobrado ni la nómina de junio ni la paga extra.
Alrededor de 2.500 trabajadores más
Los más de mil trabajadores del Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados (Ivadis) y unos 1.500 del Servef no han cobrado tampoco ni la nomina de junio ni la extraordinaria.
Preocupación por las arcas valencianas
La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha exigido "explicaciones al Consell por los retrasos en estos dos organismos" y "una solución inmediata" al impago a los trabajadores públicos, mientras que la Intersindical Valenciana ha mostrado su preocupación por la situación económica de la Comunitat Valenciana, "que parece habérsele ido de las manos" al gobierno autonómico del PP, según han dicho.
Silencio desde el PP
Desde la dirección nacional del Partido Popular no se han manifestado ninguno de sus portavoces sobre esta situación, una actitud diametralmente opuesta a la que exhibió en el manejo interesado que hizo de los datos de Castilla-La Mancha, antes de que su candidata y ahora presidenta regional, María Dolores de Cospedal, llegara al gobierno.
La campaña contra Barreda-Zapatero
Cuando estaba a punto la transferencia de poderes, desde el PP dieron riendas sueltas a rumores sobre un supuesto deterioro en las arcas públicas de Castilla-La Mancha, llegando a afirmar que esa comunidad “estaba en quiebra”, poniendo en entredicho no solo la solvencia de la región sino también la de España, de cara a los mercados. Una estrategia política que entre otros fines buscaba poner contra las cuerdas al Gobierno de Rodríguez Zapatero para forzar unas elecciones anticipadas.
Los recortes sociales que vendrán
La otra intención de tales acusaciones era justificar futuros recortes sociales por parte del nuevo gobierno del PP en Castilla-La Mancha, como ya se contado en ELPLURAL.COM.
Datos falsos
El PP acusó al gobierno del socialista José María Barreda de no poder pagar siquiera las nóminas de los funcionarios. La realidad era que la administración de Castilla-La Mancha con un gasto mensual en salarios para sus funcionarios de 270 millones de euros tenía asegurado tal desembolso con la transferencia de tributos de 350 millones de euros cada mes.
Se habló de una deuda de 2.000 millones de euros, cuando en realidad el gobierno de Castilla-La Mancha tiene una deuda de unos 700 millones de euros.
Pagar a 600 días a los proveedores
El PP manipuló, además, la forma de pago a los proveedores en Castilla-La Mancha, al asegurar que tardaba en pagar 600 días, cuando no llega a los 120 días. En cambio, la Comunidad Valenciana, donde gobierna Francisco Camps, a quien la cúpula popular, incluido su líder, ha puesto como ejemplo de buena gestión, sí paga a sus proveedores a 600 días, como admitió el propio Mariano Rajoy.
Quiebra y buena gestión
La deuda del Gobierno de Castilla-La Mancha es del 16,5% de su PIB: 5.819 millones de euros al cierre de 2010, según el Banco de España. La Comunidad Valenciana debe 17.600 millones de euros, un 17,2% de su PIB (récord nacional). Nada se ha escuchado sobre que los funcionarios castellano-manchegos no hayan recibido a tiempo sus pagas correspondientes, en cambio, no puede decirse lo mismo de los valencianos. Para el PP, Castilla-La Mancha está en “quiebra total” y el Consell de Francisco Camps es ejemplo de buena gestión.
