El Constitucional tiene que resolver aún los recursos de algunas de las leyes de mayor peso que ha aprobado el Gobierno socialista en los últimos años y que han sido recurridas sistemáticamente por el Partido Popular. Estamos hablando de leyes como la nueva ley del Aborto o la ley del matrimonio homosexual. Pero también tiene el Constitucional pendiente otros asuntos de gran importancia, como el asunto Sortu, o la modificación de todos los estatutos autonómicos que han sido recurridos ante este tribunal.

Las dimisiones parecían iguales, pero no lo eran
Los tres magistrados que habían dimitido se habían puesto de acuerdo en denunciar la falta de acuerdo entre los partidos para proceder a la renovación del Tribunal, pero en realidad cada uno tenía sus propias razones. El vicepresidente Eugeni Gay, catalán, considerado progresista, mostró su desacuerdo con el rechazo a alguno de los artículos del Estatut de Cataluña. En especial, en su voto particular ya señaló que el término nación, tal y como estaba recogido en el Estatut, era, en su opinión, aceptable conforme a la Constitución.

También Elisa Pérez, más allá de su rechazo por la no renovación del TC, resultó “quemada” con el asunto del Estatut. Hay que recordar que fue ella la que presentó las diferentes resoluciones previas a la última sentencia, mucho más dura en su rechazo a la ley madre catalana y que al final fue aprobada. Elisa Pérez, también magistrada progresista, había mostrado ya muy a menudo su deseo de renunciar al cargo. En cuanto al tercer magistrado que había presentado su renuncia, Javier Delgado, conservador, además de su petición para que se cumpla lo que marca la propia Constitución en cuanto a la renovación del Tribunal, tiene problemas de salud que le empujaban a presentar su dimisión.

Del aparente 7-4 al real 4-4 que venía
En estos momentos, se considera generalmente que los magistrados del Constitucional están divididos en dos bloques, en uno de los cuales estarían siete magistrados progresistas, mientras en el otro estarían cuatro conservadores. Al dimitir, como se ha dicho, dos magistrados considerados progresistas, y uno conservador, aún se mantendría una mayoría reflejo de las mayorías que hay en el Congreso, ya que se produciría un 5-3.

La realidad es diferente. El magistrado Manuel Aragón, aunque nombrado por el PSOE, en todas las últimas votaciones ha venido votando consistentemente con los magistrados conservadores, algo que no sorprende a quienes le conocen ideológicamente. Esto significaría, de hecho, que en las votaciones más conflictivas, como las ya apuntadas, se producirían empates a 4 magistrados que tendría que resolver con su voto de calidad el presidente del TC, Pascual Sala. Algo que él mismo ha evitado ahora rechazando las dimisiones.