Juan García-Gallardo, vicepresidente de Castilla y León, es el principal precursor de la ley de blanqueamiento del franquismo impulsado en la región. En connivencia con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el miembro de Vox ha redactado una norma que ha hecho reaccionar a las propias Naciones Unidas (ONU), que la califican de ir contra los derechos humanos. Sin embargo, lejos de rectificar, ha cargado contra los socialistas por exigir la retirada inmediata de la propuesta. “145 años de historia criminal del PSOE”, ha espetado, empujando a los de Pedro Sánchez a estudiar acciones legales.

Ante estas “intolerables acusaciones” del extremista, fuentes de la formación han lamentado que Vox siga “retorciendo la historia para blanquear al franquismo”. “La derecha y la ultraderecha llevan sus bulos más allá de la actualidad. Ahora los extienden también a la historia de nuestro país y al papel del PSOE en nuestra democracia”, lamentan desde Ferraz. Los del puño y la rosa han querido sacar pecho como partido más longevo del país y han defendido que su cometido siempre ha sido “defender y ensanchar los derechos y libertades de los españoles”.

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Esto, aluden, frente a “aquellas opciones políticas que pretenden restringirlas”, como la que cobija a Gallardo. “El PSOE no va a tolerar las acusaciones vertidas por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Son intolerables, inauditas y muy graves”, han condenado, asegurando que como respuesta “se estudiarán acciones legales”, tal y como ha anunciado el secretario adjunto del Grupo Parlamentario en el Congreso, Javier Alfonso Cendón. “¿Manos manchadas de sangre? Las de vuestros socios de ETA ¿Malas personas? Las que utilizan a sus cónyuges para mantener el poder”, añadía Gallardo.

Ante los ataques de la ultraderecha, los socialistas aseguran que seguirán “defendiendo la memoria democrática de nuestro país en defensa de los represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y va a combatir las leyes antimemoria impulsadas por el PP y Vox”. “Son un ataque contra el derecho internacional y contra la dignidad de nuestra democracia”, añaden, en concordancia con el informe emitido por la ONU, que instaba al Gobierno a “tomar todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos”.

España sufre una derecha que no supera sus propios debates, como no llamar dictadura al régimen de Franco o ensalzar figuras del régimen con las manos manchadas de sangre. Eso no se puede llamar concordia, se llama revisionismo histórico. Defender la memoria es una obligación, no solo del PSOE”, han concluido los socialistas, no sin antes dirigirse al principal partido de la oposición. “El PP tiene una nueva oportunidad para desmarcarse de sus socios de Gobierno en las CCAA y hacer una defensa sin reservas de principios democráticos”, sentencian desde Ferraz.

Gallardo, contra la ONU

El PSOE no ha sido la primera víctima de los ataques desmedidos de Gallardo. La mano derecha de Mañueco ponía hace escasos días la diana a la ONU, a la que directamente se permitía cuestionar y desafiar a los autores del informe. “Desde este primer momento hay que preguntarse quiénes son estos relatores, qué saben de la legislación española, qué saben del contenido real de estas leyes, porque lo que hemos visto por la prensa ya denota mucho desconocimiento, quiénes son estos señores, con quién guardan afinidad, quién los ha nombrado, y eso también será importante a la hora de valorar el contenido de esa resolución", cargaba.

"Las llamadas leyes de concordia podrían transgredir la obligación del Estado español de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos", expresa la ONU en su escrito. La organización, ahonda, entiende que estas leyes "ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica sobre las graves violaciones de derechos humanos previstas o creadas en cumplimiento de la legislación estatal y autonómica vigente en la materia".

Aún así, Gallardo ha defendido la ley que equipara el franquismo con la república y ha recuperado la lógica discursiva de los defensores de la dictadura al hablar de una ley “neutral” para todas las víctimas del siglo XX. "Lo que vamos a hacer es ofrecer una Ley a la ciudadanía que ampare a todo tipo de víctimas de persecución política y religiosa, nada más y tampoco nada menos", trasladaba, equiparando el asesinato y la persecución del régimen a todos los demócratas contrarios a Franco con otras víctimas que para nada responden a asesinatos de Estado.