El presidente de Aragón, el popular Jorge Azcón, ha enviado este lunes una carta al secretario general de la Organizaciones de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, defendiéndose frente al tirón de orejas del organismo internacional por las leyes de Concordia que PP y Vox están impulsando en las autonomías donde gobiernan en coalición. En la misiva, el presidente regional equipara a las víctimas del franquismo con las del terrorismo, mencionando a ETA, e incide en que su partido ha reiterado su repulsa al Golpe de Estado de 1936. 

"Le comunico que el informe contiene información sesgada e interesada suministrada por el Gobierno de España y, en consecuencia, desvirtúa la realidad y está plagado de inexactitudes, falsedades y omisiones", ha explicado el propio Azcón en redes sociales haciendo mención a la carta.

"También que el ánimo de este Gobierno y del Plan de Concordia no es invisibilizar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, sino honrar a todas ellas, así como a las del periodo democrático, como son las víctimas de la banda criminal ETA y, por extensión, las del terrorismo. Por último, le indico que le haremos llegar al señor Salvioli, coautor del informe, información a modo de alegación que profundice jurídicamente en todas las cuestiones mencionadas", sentencia.


El presidente de Aragón ha remarcado del mismo modo que no se ha suprimido el portal web institucional sobre memoria democrática, ni el mapa de fosas comunes de Aragón ni la información sobre los lugares de memoria democrática en la comunidad autónoma.

Además, ha asegurado que la norma derogada “condenaba los crímenes y atrocidades cometidos por un bando durante la Guerra Civil, pero relativizaba los cometidos por el otro” y que “sembraba la división y la confrontación entre los aragoneses sobre una tragedia fraticida mediante la imposición de un relato ideológico de parte”.

Del mismo modo, Azcón ha comentado en que dicha derogación “no invisibiliza las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista” ya que su propio preámbulo especifica que no se impedirá que las administraciones públicas “faciliten a ciudadanos y asociaciones la búsqueda, exhumación, documentación y honra a las víctimas de la guerra o de la represión, cualquiera que fuera el bando en el que militaran”.

En lo relativo a las subvenciones, ha rechazado que ahora queden en una situación “incierta” por estar sujetas a justificación, que es “una imposición legal” en España, “propia de un Estado de derecho y democrático”.

La petición de la ONU sobre las leyes de concordia

La ONU pedía expresamente al Gobierno de España que se tomen "todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica de las graves violaciones de los derechos humanos". Así lo afirmaban tres relatores de Naciones Unidas tras la petición de amparo que elevó hace meses el Ejecutivo de Pedro Sánchez contra las decisiones de tres gobiernos autonómicos.

En concreto, se trata de las "leyes de concordia" impulsadas por las administraciones regionales de Castilla y León, Aragón y la Comunidad Valenciana, tres textos que han encontrado su oposición en Naciones Unidas. "Las llamadas leyes de concordia podrían transgredir la obligación del Estado español de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos", comenzaban esgrimiendo los tres firmantes de esta recomendación y expertos en esta materia, llamados Fabian Salvioli, Aua Baldé y Morris Tidball-Binz.

A su juicio, estas leyes "ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica sobre las graves violaciones de derechos humanos previstas o creadas en cumplimiento de la legislación estatal y autonómica vigente en la materia". Cabe recordar que estas normas no solo tumban la ley de memoria democrática sino que ni siquiera condenan la dictadura de Francisco Franco y que muchos, especialmente las asociaciones memorialistas, denuncian por "blanquear" el fascismo.

Pero la ONU iba más allá y consideraba que las iniciativas impulsadas por el PP y Vox "pueden acarrear límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas" de la dictadura; "obstaculizan o suprimen la subvención de proyectos” en la materia; así como que "pueden invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista". Entre otras cosas, destacaba también que se "evita, y/o omite nombrar o condenar el régimen franquista" y que ayudan a alentar teorías "revisionistas o negacionistas" sobre la Guerra Civil y el franquismo.

Como ejemplo de ello, los tres relatores señalaban el caso concreto de la Comunidad Valenciana, -en Elche van a conservar la cruz de los caídos- en la que apuntan que en el redactado de la norma se iguala a las víctimas de la Segunda República -cuyo gobierno fue elegido democráticamente- con el "terrorismo etarra e islámico". Con esto, y otras cosas, la ONU consideraba que se "desvirtúa" el objetivo de las leyes de memoria de "atender las necesidades y derechos de las centenas de miles de víctimas del franquismo y la Guerra Civil", que no habían sido reparadas.

Ante esto, Naciones Unidas recuerdaba al Gobierno que tiene obligaciones internacionales adquiridas en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1977) y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2009). "Todos los poderes del Estado español, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial, y todas las entidades de Gobierno, cualquiera sea su nivel -nacional, regional o local-, deben cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos, garantizar la preservación histórica de la memoria de graves violaciones de derechos humano", afirmaba.