El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, había convocado a la representación legal del PP este lunes para comunicarles el total de la deuda de la que tendrán que hacerse cargo, como responsables civiles subsidiarios por las cantidades que no han cubierto con sus bienes embargados quienes fueron los responsables de sus finanzas y, por tanto, de su caja B: los tesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, así como el gerente, Cristóbal Páez. Y esa cifra es de nada menos que 1.245.154 euros. Además el juez ha dado a Génova diez días para depositar esta cantidad en la Audiencia y si no lo hace, ha advertido, les embargará por esa cantidad

Cada uno tiene una responsabilidad de 1.797.467,09 euros

El juez de la Mata había adelantado este movimiento en una diligencia que redactó el pasado viernes día 20, en la que anunciaba que con el dinero que se ha asegurado con los embargos realizados al que fuera su ‘equipo financiero’ no había bastado para “cubrir la totalidad de las cantidades exigidas”, por lo que “en su condición de Responsable Civil Subsidiario”, el Partido Popular tenía que hacer frente al resto sin cubrir. En el auto de apertura de juicio oral, el juez de la Mata había establecido para Lapuerta, Bárcenas y Paéz, una responsabilidad civil de 1.797.467,09 euros per cápita.

También responsable por las cargas de UNIFICA

Pero en el auto del juez había aún más malas noticias para ‘los populares’, y es que en el mismo escrito, de la Mata establecía ya que tampoco había sido cubierta con los embargos la responsabilidad civil de Unifica Servicios Integrales, la empresa de arquitectos responsable de las obras de Génova, “por lo que procede -escribía- a requerir al Partido Popular en su condición de Responsable Civil Subsidiario”. En este caso, cada uno de los implicados, también tres (Gonzalo Urquijo, Belén García y Laura Montero) había sido requerido por el juez, al cerrar el sumario y decretar la apertura de juicio oral, 1.577.367,09 euros.

Recordamos que el juez dio por probado que el Partido Popular se aprovechó de la existencia de esta caja B, por lo que consideró al PP en calidad de 'beneficiario a título lucrativo'.