El PP fue el único partido español que se opuso en el Parlamento Europeo a que se abra una investigación independiente del accidente del Alvia,  ocurrido el 24 de julio de 2013, en el que murieron 80 personas y 140 resultaron heridas.

“La parlamentaria del PP Rosa Estarás defendió la postura del Gobierno español”, que da credibilidad a la investigación llevada a cabo por RENFE, ADIF e INECO. El resto de los  partidos españoles apoyaron nuestra demanda, de que se realice una investigación independiente, explica a ELPLURAL.COM el presidente de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, Jesús Domínguez. En el vídeo que encabeza esta información puede verse la réplica de la Plataforma a la posición de la eurodiputada popular.

Los técnicos europeos quieren testificar
“El día 25 nos reunimos con la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) y nos han dicho que están dispuestos a colaborar con el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela, para que sean sus técnicos los que testifiquen ante el juez”, afirma Domínguez, que confía en que el Parlamento Europeo “siga presionando al Gobierno español para que se abra una investigación independiente”.

Se incumplió la normativa europea
El 24 de enero, la plataforma presentó ante la Eurocámara dos denuncias, por “incumplimiento de la normativa europea en materia de seguridad ferroviaria por parte del Estado español” y por “publicidad engañosa”.

“Como ciudadanos europeos, hemos sido víctimas de un gravísimo accidente ferroviario y consideramos que se han violado nuestros derechos más esenciales, como el derecho a la vida y a la seguridad. Necesitamos a Europa y que se abra una verdadera investigación independiente”, reclamaron las víctimas en Bruselas.

La plataforma denunció que la investigación  “no fue independiente, ya que parte del equipo de investigación lo forman las empresas públicas implicadas en el accidente: RENFE, ADIF e INECO”, es decir, los responsables que “desconectaron el sistema de seguridad porque generaba retrasos”.

Las víctimas de este accidente consideran, además, que la investigación, “tal y como señala el informe de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA), no ahonda en las causas que son precisamente las que afectan a las empresas públicas directamente implicadas en el accidente”.

No se evaluaron los riesgos
“El art.9 de la Directiva 2004/49 de seguridad ferroviaria obliga a realizar una evaluación de riesgos y aplicar medidas de control cuando haya cambios en las condiciones de funcionamiento o un nuevo material suponga nuevos riesgos en la infraestructura. En el caso de este accidente, la valoración y control de riesgos se tendría que haber llevado a cabo cuando se hizo un cambio del proyecto original y no se instaló el sistema de seguridad ERTMS en el punto más peligroso del trazado, tal y como si lo contemplaba el proyecto original. Tampoco se hizo cuando el jefe de maquinistas advirtió por escrito del riesgo existente en la curva, en diciembre de 2011.

Denuncia por publicidad engañosa
La plataforma de afectados, además, presentó ante los eurodiputados una denuncia por
“publicidad engañosa”, ya que “nos llevaron a los consumidores a la convicción de que era una línea segura, que contaba con todas las garantías de la alta velocidad”. En esta denuncia se recuerda la publicidad oficial sobre la llegada de la alta velocidad a Galicia, hecha a bombo y platillo, en anuncios de televisión, notas de prensa, web, revistas oficiales y Boletín Oficial del Estado.  

El Gobierno “engañó” a Bruselas

“El propio Gobierno engañó a la Unión Europea al comunicarle, en el Informe Bianual 2013 sobre la Interoperabilidad Ferroviaria, que la línea está equipada con el sistema de seguridad ERTMS”, dice la denuncia presentada por la plataforma.