El inicio del juicio contra el procés en el Tribunal Supremo solo ha paralizado el Palau de la Generalitat y el Parlament, el resto del país lo ha vivido con absoluta normalidad, salvo unos testimoniales cortes de circulación a primera hora de la mañana. La huelga de protesta ha sido trasladada al día 21 para poderla preparar con más tiempo. La primera sesión dedicada a cuestiones preliminares sobre derechos fundamentales ha dejado clara la existencia de estrategias muy diferenciadas entre las defensas que coinciden, sin embargo, en la reclamación del principio de igualdad de armas con la acusación y en la denuncia de la aplicación del derecho penal del enemigo en lugar del derecho penal democrático.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el del Parlament, Roger Torrent, se desplazaron a Madrid para acompañar a los acusados en la sesión inaugural, aunque Torrent no pudo entrar en la sala por su condición de testigo. Para ello, el uno adelantó al lunes la reunión del consejo ejecutivo y el otro suspendió la actividad en la cámara catalana, insistiendo ambos en la voluntad de subrayar la excepcionalidad del momento evitando el desarrollo de la actividad normal de las instituciones. La oposición catalana se ha quejado amargamente, en especial, Inés Arrimadas, que anunció una petición de dimisión del presidente del Parlament por haber declarado “el toque de queda” parlamentario.
La presencia de Torra en la sala, acompañado por otros dos consejeros, ha permitido visualizar por primera vez los tres estados del independentismo actualmente: el de los acusados en prisión preventiva, el de los acusados en libertad condicional y el de las autoridades en el ejercicio del cargo, recibidas como tales por el TS. La imagen no encaja exactamente con la teoría de la persecución política del independentismo que muchos de los portavoces vienen señalando como la auténtica causa que se juzga en el Supremo.
En el interior de la sala, impera el código versallesco de respeto absoluto al excelentísimo tribunal en el que no hay lugar para las descalificaciones utilizadas en la calle por los dirigentes independentistas (desde la farsa al juicio al Estado). De todas maneras, ninguna de las defensas les ahorra a los magistrados sus peticiones de recusación, bien por haber formado parte de la sala de admisión de la causa o del tribunal que juzgó a Francesc Homs por el 9-N.
Los defensores apuntan desde el primer momento sus estrategias diferentes, muy específicamente en el caso de los abogados de Joaquim Forn y Carme Forcadell, además de los correspondientes al grupo de acusados que no lo son por rebelión. Tal como estaba previsto, los unos apelan a la causa general política contra el independentismo y al derecho de defensa de la autodeterminación (Andreu Van den Eynde)y los otros se concentran en aislar a sus representados de dicha causa general para negar el papel concreto atribuido a sus clientes en la supuesta rebelión.
La gran coincidencia de las defensas es la reclamación de la igualdad de armas con el Ministerio Fiscal, a quien atribuyen la ventaja de poder disponer de una visión global de la causa gracias a su privilegio de conocer el conjunto de la información disponible en las diferentes instancias judiciales en las que se siguen sumarios por los mismos hechos, en especial, en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, al que se atribuye el ser la madre de todos los sumarios y al que la mayoría de los abogados no tienen acceso por no ser parte del mismo. Todos pidieron la integración en la causa del Tribunal Supremo para evitar la indefensión que en su opinión les ocasiona esta desigualdad de armas. Javier Melero, defensor de Joaquim Forn, solicitó también el traslado al TS de la causa abierta contra el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, en la Audiencia Nacional, lo que a su juicio permitiría una mejor defensa del ex consejo de Interior.
La instrucción del juez Llarena fue descalificada unánimemente por considerarla un relato de parte afectada, tal como reconoció el mismo instructor en la redacción de la misma; el abogado Jordi Pina, representante de Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull, incidió en la necesidad de disponer de traducción instantánea para facilitar la declaración en catalán de sus clientes, derecho que no fue reclamado por el resto de defensas, y Benet Salellas, abogado de Carme Forcadell, apeló al tribunal para que siguiendo la propia doctrina del Supremo depurara de entrada toda criminalización del ejercicio de derechos fundamentales para evitarse causa de anulación. En todos los casos de denuncia de vulneración de derechos, apareció el tribunal de Estrasburgo como referencia y destino final de la causa.
En el capítulo de reclamación de testigos rechazados inicialmente por la sala, Carles Puigdemont fue el más solicitado, seguido por Felipe VI y Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior del gobierno Rajoy. En el caso del ex presidente de la Generalitat, actualmente instalado en Bruselas, los abogados mostraron su sorpresa por el cambio de criterio aplicado respecto de otros testigos que en su momento también fueron acusados y a los que se permitió acudir a declarar, citando como ejemplo a Francesc Homs, presente en la sala como coordinador de las defensas, quien antes de ser juzgado por el 9-N declaró en el TSJC en la vista contra Artur Mas por el mismo delito. Tampoco entendieron porque Puigdemont no puede intervenir por videoconferencia desde la capital belga.
