Más de 2700 trabajadores de la Justicia en Galicia están convocados desde hoy a la primera huelga indefinida del sector en la comunidad.

Tras tres meses de negociaciones y tres paros celebrados durante diciembre y enero, secundados según las organizaciones sindicales en más de un 80% y desde la administración en un 45%, el enfrentamiento se agrava, hasta el punto de poder paralizar los juzgados gallegos, a pesar de estar convocados unos servicios mínimos de un 40%.

La discriminación salarial como caballo de batalla

Para que siete sindicatos: UGT, CCOO, CIG, USO, CUT, STAJ y CSIF, se pongan de acuerdo para convocar un paro indefinido, tiene que estar pasando algo muy grave. La lucha contra la marginalidad y la discriminación que sufren los funcionarios de Justicia en Galicia ha provocado que todas las organizaciones sindicales hayan emprendido el mismo camino, en un ejercicio de responsabilidad con los empleados públicos a los que representan. 

Los convocantes reclaman cinco medidas para empezar a subsanar la marginación que sufren con respecto al resto de funcionarios del Estado. Estas son: la equiparación en las bajas médicas con jueces, letrados judiciales y fiscales; la devolución de las partidas salariales que les recortaron entre 2013 y 2016; la creación de las plazas ocupadas por funcionarios de refuerzo así como la uniformidad salarial entre el personal fijo y los sustitutos; además de la disminución de la discriminación salarial que sufren los trabajadores con respecto a los funcionarios del sector en otras comunidades.

Hasta la fecha se había avanzado sensiblemente entre la administración autonómica y los sindicatos en tres de los cinco puntos, pero todo ha saltado por los aires al no haber ningún tipo de cesión por parte de la Xunta de Galicia en la subida de sueldo y en los descuentos por enfermedad que les realizan.

En Galicia el Complemento Autonómico Transitorio (CAT) se recortó durante cuatro años entre 2013 y 2016, lo que equivaldría a tres pagas extraordinarias. El resto de las comunidades, excepto el Ministerio de Justicia, adelantan a Galicia. País Vasco, Navarra y Madrid, cobran entre 250 y 500 euros más; en Andalucía, Asturias, Canarias y Cantabria, esta cantidad se incrementa entre 120 y 180 euros con respecto a Galicia; así como Cataluña y Valencia con una horquilla que variable entre los 50 y los 100 euros; al tiempo que Aragón supera en más de 30 euros.  

La doble manipulación de la Xunta de Galicia

Ante esta tesitura desde el gobierno gallego se ha asegurado que la petición de la subida salarial de los trabajadores de entre el 12% y el 16% es "inasumible", al mismo tiempo que aseguran ofrecer 660 euros al año para la categoría de auxiliares; 744 para la de tramitadores y 900 para la de gestores. Lo que supondrían incrementos mensuales de 55, 62 y 75 euros.

La realidad de las cifras es bien distinta, ya que por una parte desde la administración autonómica se han presentando unas cifras que dicen ser una media estatal, en las que se incluyen todas comunidades autónomas. Pero la sorpresa llega cuando sobre el papel, para Feijoo España tiene 19 autonomías en vez de 17, ya incluye en este cómputo a Ceuta y a Melilla. Por otra parte las cantidades ofrecidas son totales, es decir, la suma íntegra de tres años. Esto es, que las subidas salariales mensuales de 55, 62 y 75 euros, están previstas en tres tramos. De esta manera, el aumento para un gestor durante los años 2019 y 2020 sería de 25 euros al mes, para un tramitador sería de 20 euros y para un auxiliar de 18 euros mensuales. No sería hasta el año 2021, cuando se alcanzaría las cantidades que ahora se anuncian: subida de 75 euros para los gestores, 62 euros para los tramitadores y 55 euros para los auxiliares. Por consiguiente, desde el gobierno gallego no se está ofreciendo una subida anual de 660, 744 y 900 euros respectivamente, sino que es la tercera parte.

Desde la parte sindical lo único que se está reclamando, es que la Xunta remita a los trabajadores a la misma posición salarial media que tenían en el año 2008. Es decir, estar en el mismo tramo que Andalucía, Asturias, Canarias y Cantabria.

Mientras a los funcionarios les niegan lo que les corresponde, desde el departamento de Justicia del gobierno autonómico se derrocha el dinero público haciendo reformas de reformas en los edificios de justicia, pagando costas en recursos que sabe perdidos en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, costeando los gastos de locomoción y las dietas de los jueces, que tendría que pagar el Ministerio o contratando empresas para la realización de informes sobre la nueva oficina judicial que tendría que hacer la dirección general competente.