Mientras la candidata popular al consistorio madrileño, Esperanza Aguirre, reclama la derogación de la Ley de Memoria Histórica, el Ayuntamiento al que aspira como regidora y que todavía preside Ana Botella ha estimado una solicitud de elaborar un catálogo de vestigios relativos a la guerra civil y a la dictadura franquista. Esta es la respuesta positiva al escrito de derecho de petición que presentó el abogado Eduardo Ranz instando a la retirada de la simbología franquista presente en los edificios de la capital –reclamación denegada- así como a la elaboración de este catálogo. El letrado ha comentado a ELPLURAL.COM que está dispuesto a preparar en breve nuevas acciones.

En el escrito de la Secretaría General () que da traslado a la decisión del pleno municipal (en el que el PP tiene la mayoría absoluta) se señala que “ninguno de los edificios relacionados (se refiere a la petición de Eduardo Ranz), que a juicio del solicitante contienen símbolos o inscripciones de los contemplados en el artículo 15 (de la Ley de Memoria Histórica), es de titularidad municipal, sino que son sedes de distintos departamentos ministeriales”.

“Catálogo sí, símbolos no”
Es en este punto cuando el ayuntamiento desestima esa parte del escrito de petición por considerar que no tiene competencia para actuar. Sí se estima por el contrario la parte relativa a la elaboración de un catálogo de vestigios de simbología franquista indicando que se considera la admisión a trámite dando traslado al Delegado de Gobierno de las Artes que debe responder en un plazo máximo de tres meses.

Desde el Arco de la Victoria…
En su petición de 11 de febrero, () Eduardo Ranz reclamaba la retirada de todos estos símbolos y señalaba como lugares en que se encuentran dichos vestigios en Madrid en vulneración de la Ley de Memoria Histórica, monumentos y edificios tales como el Arco de la Victoria, situado en la entrada de la carretera de La Coruña o el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (Palacio de Santa Cruz), que entre otros temas incluye un grabado que indica: “fue erigido por gracia extraordinaria siendo supremo gobernador español Francisco Franco Bahamonde”.

A Defensa o el Tribunal de Cuentas
En el Ministerio de Defensa, y en diferentes dependencias, el abogado apunta a una serie de inscripciones, placas y referencias a la guerra civil desde la perspectiva del franquismo, especialmente “en memoria de los caídos”. Otras dependencias ministeriales exhiben el escudo preconstitucional y en el caso del Tribunal de Cuentas, se indica la existencia de un medallón esculpido con el perfil del general Franco.

Prepara nuevas acciones
Eduardo Ranz ha comentado a ELPLURAL.COM “estoy preparando nuevas acciones para hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica en toda esta materia de simbología y toponimia”. Los escritos del abogado ya han tenido algún efecto en Ayuntamientos como los de Cáceres o Utrera que se están dirigiendo a las comunidades de propietarios para que aprueben la retirada de placas de la época de la dictadura de las fachadas de los inmuebles.

La Defensora del Pueblo admitió una queja
También y muy recientemente, la oficina de la Defensora del Pueblo ha admitido a trámite la queja del abogado sobre el escrito presentado ante distintas instancias oficiales para la supresión de los símbolos franquistas y de la dictadura en plazas, calles y edificios de casi medio centenar de municipios y diferentes instituciones. En su comunicación, Francisco Fernández Marugan, adjunto primero del organismo que preside Soledad Becerril, afirmaba que se iniciarían actuaciones ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y también ante la Federación de Municipios y Provincias interesándose por este asunto.