Otra vez, el alcalde de Villanueva del Pardillo (Madrid), Juan González Miramón, ha vuelto a verse las caras con la Justicia. Algo que ha venido siendo habitual a lo largo de sus 23 años de mandato, más aún cuando la mitad del tiempo lo ha pasado compaginando el puesto con el de concejal de Urbanismo. Por fortuna, para él, esta vez no se ha visto sólo en el banquillo, sino que ha estado acompañado de otros cuatro concejales del PP, entre ellos la hermana del exministro José María Michavila, todos imputados por prevaricación.

Este jueves, a mediodía, se celebró en el juzgado penal número 11 de Madrid, el juicio por prevaricación contra González Miramón, Mª Ángeles Soto Bernard y David Amarillas, los tres concejales del PP en la actualidad. Junto a ellos, Montserrat Cáceres -edil popular hasta 2011- y Mª Carmen Michavila -hermana del ministro y que dejó el Ayuntamiento el año pasado-. Cerrando el círculo, Juan Carlos Bravo, técnico municipal que firmó la licencia que provocó el tinglado.

Licencia sospechosa
A los seis se les acusa de un delito de prevaricación a raíz de una licencia concedida en la reciente urbanización Las Vegas, una zona de Villanueva del Pardillo que siempre ha estado en el centro de las polémicas. En este caso, fueron unos agentes del Seprona los que se interesaron por la excesiva cercanía de unas instalaciones al río Guadarrama. Cuando la licencia llegó a la Fiscalía, detectó que se había concedido basándose en un plan parcial que había anulado el TSJM.

"Corta y pega"
Los cinco miembros de la Junta de Gobierno que firmaron la licencia en 2008 son los que ahora se enfrentan a los cargos de prevaricación. Según fuentes de la oposición, el técnico municipal está imputado de rebote, pues prácticamente hizo "un corta y pega", presuntamente cumpliendo órdenes del alcalde. Lo que no sería extraño dado que González Miramón estuvo durante años compaginando su puesto de alcalde con el de concejal de Urbanismo.

"Nunca hace las cosas bien"
Según Antonio Moreta, líder del PSOE local, este desaguisado podría haberse arreglado "si el Ayuntamiento hubiera revocado la licencia". Sin embargo, se ha llegado a esta situación porque el alcalde "nunca hace las cosas bien".

Propiedades familiares
Lo cierto es que no es la primera vez que Las Vegas son fruto de polémica en la localidad. Esta zona rural era terreno rústico hasta el año 2006, cuando se asfaltó y urbanizó, construyendo multitud de chalets unifamiliares. Ya entonces, se aprobó el proyecto sin el preceptivo plan parcial que exige la ley. Miramón tuvo que declarar por este asunto, acusado otra vez de prevaricación, con el aliciente de que su esposa era propietaria parcial de los terrenos que se querían urbanizar, aunque fue declarado inocente. Entonces, la defensa de su abogado se basó en que el alcalde había "actuado conforme a la ley en todo momento, y si ha cometido irregularidades, se debe a que no es un experto en urbanismo".

"Un aire fraudulento"
En 2003 también pasó por los tribunales, acusado de tráfico de influencias por haber adjudicado a la empresa de su primo un contrato de limpieza municipal. Fue absuelto, porque el juez vio que su actuación sólo tenía "un aire fraudulento". De las pocas veces que se vio pringado fue en 1997, cuando la Audiencia Provincial le inhabilitó durante dos meses por un delito de prevaricación, tras presionar al dueño de un restaurante arrendado en una finca municipal.