Los indultos a los presos independentistas condenados por el Tribunal Supremo no han sido aprobados todavía, sin embargo ya han modificado el estado de ánimo de la política catalana. La inminencia de la decisión ha revitalizado a los socialistas catalanes y ha avivado la desconfianza entre ERC y JxCat. Colateralmente, el rifirrafe epistolar entre Oriol Junqueras y Jordi Sánchez a cuenta de las medidas de gracia y la negación del 1-O como fecha fundacional de la república catalana ha puesto al secretario general del partido de Puigdemont en la diana de los críticos que pretenden relevarle de su cargo. Salvador Illa, aprovecha la melancolía independentista para recuperar la idea de un nuevo referéndum estatutario.

Salvador Illa y el PSC resucitaron con los resultados electorales que les convirtieron en primer partido de Cataluña y los mensajes del gobierno Sánchez sobre los indultos les han insuflado un optimismo olvidado durante años. La necesidad de los indultos fue defendida por Miquel Iceta en diciembre de 2017, en plena campaña electoral catalana. Al entonces candidato a la presidencia de la Generalitat le llovieron las críticas de sus adversarios (una ocurrencia para el PP, un exotismo paternalista para el independentismo) y fue desautorizado por los barones socialistas, con la excepción de Ximo Puig, presidente de la Generalitat valenciana. Incluso Podemos reaccionó mal, subrayando únicamente la contradicción de haber apoyado el 155 y luego promover el indulto.

El PSC calculó en su día que la propuesta le costó la pérdida de 100.000 votos en aquellas elecciones autonómicas que ganó Ciudadanos aunque la mayoría de la cámara fue soberanista. Pero finalmente los indultos parecen abrirse paso y con ellos los socialistas ven consolidado su papel alternativo en la política catalana y su influencia en el PSOE, o al menos en el gobierno de Pedro Sánchez. De ahí la reaparición de la vía estatutaria, rebautizada como “nuevo marco de convivencia”, a configurar en una comisión de diálogo del propio Parlament.

La constatación de que Cataluña es la única comunidad que se rige por un estatuto diferente al que aprobó en referéndum como consecuencia de las modificaciones introducidas por el Tribunal Constitucional es como el guadiana de la política catalana. En 2010, fue tomada parcialmente en consideración por el gobierno Zapatero y el presidente de la Generalitat José Montilla, evaluando de todas maneras que el retroceso infligido por el alto tribunal en la voluntad refrendada podía ser compensado con unas cuantas leyes orgánicas. Esta fórmula quedó en nada y al poco fue sepultada por la explosión del soberanismo.

De vez en cuando, la evidencia problemática de la vigencia de un estatuto bastardo reaparece; incluso Pedro Sánchez ha utilizado este argumento para defender la necesidad de un acuerdo político para restablecer la normalidad institucional en Cataluña. De hecho, la hipótesis de una consulta de devolución de un estatuto recortado fue explícitamente recogido en su día por Pasqual Maragall, en su discurso de investidura, previendo lo que podía suceder y sucedió. Once años después, las circunstancias han cambiado radicalmente y entre otras cosas en el Parlament existe una mayoría absoluta independentista que no quiere saber nada de ningún estatuto y mucho menos ponerse a redactar un nuevo texto, competencia de la cámara.

La convicción de que algo habrá de votarse en Cataluña algún día está muy extendida, incluso en el PSC. La cuestión es determinar el contenido del pronombre indeterminado que para los independentistas no presenta duda, la independencia. Dado que para los socialistas, los del PSC y los del PSOE, esta opción es sinónimo de un imposible constitucional, la dificultad estriba en dar con un “algo” susceptible de ser atractivo para la mayoría de catalanes. Una opción podría ser el acuerdo que vaya a alcanzarse en la mesa de diálogo establecida entre el gobierno central y la Generalitat, en la seguridad de que dicho acuerdo no va a recoger el derecho a la autodeterminación, sino una eventual paquete de medidas para profundizar el autogobierno. Sin embargo, Salvador Illa se inclina actualmente por contemplar un referéndum sobre propuestas competenciales y de financiación  pactadas en el seno del Parlament.

La propuesta indiciaria del PSC evolucionará en los próximos meses, probablemente, explorando incluso todas las posibilidades que según algunos expertos ofrece la Constitución, a partir de los referéndums consultivos del artículo 92. La fuerza de la idea de la consulta popular no puede ser obviada fácilmente por ninguno de los actores protagonistas de la política catalana y menos por parte de Salvador Illa, decidido a actuar como un verdadero jefe de la oposición impulsor de la reconciliación interna del país.

Otro factor indiciario desatado por el “efecto indulto”, más allá de la discordia crónica y tal vez insalvable entre ERC y JxCat, es la crisis interna del partido de Puigdemont que en realidad se arrastra desde el fracaso de La Crida como plataforma aglutinadora del independentismo, que muchos ya atribuyeron a Jordi  Sánchez . Desde entonces, la tensión se mantiene latente. El secretario general de JxCat cerró de forma precipitada y parece que unilateral la negociación del gobierno Aragonés, ejerciendo una autoridad que algunos sectores no le reconocen y que expresaron distanciándose de eventuales cargos en el gobierno, alegando a quien quiso escucharlos la presenta inestabilidad y transitoriedad del ejecutivo presido por Aragonés.

En su intento de contrarrestar el impacto de la carta del presidente de ERC a favor de los indultos como mediada para paliar el dolor de la prisión, el secretario general de JxCat publicó su carta en la que abrió, tal vez involuntariamente, una vieja herida en el seno del independentismo: el sentido real del 1-O. Jordi Sánchez expresó una teoría negada sistemáticamente por el independentismo: el referéndum del 1-O no buscaba la proclamación de la república catalana sino la realización de un acto de fuerza para negociar en mejores condiciones con el Estado.

La explicitación de esta herejía en su carta, que en realidad pretendía defender la vía unilateral frente a los reparos expresados por Junqueras a la repetición de unilateralidades que desvían del objetivo real que, a su juicio, no es otro que la celebración de un referéndum pactado, ha hecho explotar abiertamente la oposición interna contra Sánchez, recuperando de golpe todo el malestar más o menos acallado contra su figura. Como siempre, el legitimismo está pendiente de una declaración solemne o de un tuit de Puigdemont sobre la inauguración en Cataluña de un clima pre navideño de paz y buena voluntad y sobre el grado de la autoridad discutida que mantiene el secretario general.

En la calle, la manifestación convocada por Ciudadanos contra la concesión de indultos como precalentamiento de la convocatoria de la plaza Colón en Madrid atrajo a unos pocos centenares de indignados.