El exministro y expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana acaba de cumplir cien días en prisión tras su detención por el caso Erial, un periodo en el que su defensa ha intentado, sin éxito, que fuera excarcelado y con unas investigaciones judiciales que siguen bajo secreto. Zaplana ingresó en la cárcel de Picassent (Valencia) el pasado 24 de mayo, después de que la jueza decretara prisión incondicional y sin fianza contra el exministro por riesgo de fuga y destrucción de pruebas.
Dos días antes había sido detenido en su casa de Valencia, en el marco de una causa que investiga los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal. El día de su detención, Zaplana, de 62 años, fue suspendido de militancia en el PP y Telefónica, empresa para la que trabajaba desde 2008, suspendió también su relación laboral con él.
Desde su arresto, la defensa de Zaplana ha presentado cuatro recursos para pedir su puesta en libertad o el arresto domiciliario, alegando un “riesgo vital” y "deterioro acusado" del estado de salud del exministro, que padece una leucemia desde 2015, año en que se sometió a un trasplante de médula.
La jueza instructora ha rechazado todos los recursos, por lo que han recurrido a la Audiencia Provincial de Valencia alegando "una cuestión puramente humanitaria". Ahora, la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia debe resolver el último recurso, presentado el pasado 14 de agosto.
Zaplana permanece en el módulo de enfermería de la cárcel de Picassent, y ha salido cada dos semanas al hospital La Fe para recibir tratamiento por la leucemia, mientras que en una ocasión fue atendido de urgencia por una insuficiencia respiratoria. Fuentes de la familia del exministro han asegurado que Zaplana ha perdido ocho kilos en catorce semanas, y que el último informe médico, fechado el 29 de agosto, indica que persiste el deterioro del estado general y la pérdida de peso progresiva.
La familia insiste en que se presentarán todos los recursos que sean necesarios para que Zaplana pueda salir de prisión, pues afirman que su permanencia allí puede tener consecuencias irreversibles en su salud, y aseguran que el exministro está "muy mal" tanto física como anímicamente. La defensa del también exportavoz del Gobierno con José María Aznar la ejerce el bufete Milans del Bosch, con el que colaboran las dos hijas del exministro, que son abogadas, mientras que se ha contratado a la abogada Carmen Gallego para llevar la defensa de la mujer del expresident, Rosa Barceló, quien figura como investigada en la causa.
Entre otras actuaciones, el caso Erial investiga el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003.
