La iniciativa política en plena campaña electoral está correspondiendo a la justicia, intensamente interpelada por los nuevos diputados y senadores juzgados en el Tribunal Supremo por su implicación en el 1-O. El TS parece aplicar un tratamiento de hidroterapia a los encausados, decantándose por la ducha escocesa. Una de fría y otra de caliente, más o menos, porque suele fallar en contra de los peticionarios, aunque no siempre. Donde no decae el ímpetu en multiplicar las aspiraciones electorales del independentismo es en la Junta Central Electoral; primero en beneficio de Carles Puigdemont y ahora impulsando a Oriol Junqueras, como víctimas de una operación de estado para entorpecer sus candidaturas al Parlamento Europeo.

El error de la judicialización del conflicto entre el independentismo y el estado se acrecienta continuamente a comprobar las múltiples consecuencias políticas de la decisión del gobierno de Mariano Rajoy. En una sola tarde, la ducha escocesa funcionó a destajo. El Tribunal Supremo autorizó a los nuevos diputados y al senador procesados a asistir a la sesión constitutiva de las Cortes, el próximo día 21, suspendiendo la sesión correspondiente del juicio; a continuación les negó la libertad solicitada por sus abogados para ejercer como parlamentarios y luego se pronunció en contra de la petición de un suplicatorio a las cámaras para seguir con la vista oral, argumentando que la causa ya estaba siendo juzgada en el momento de su presentación como candidatos.

A las pocas horas, la Junta Electoral Central insistía en su deambular por el cable de la imprevisibilidad, atosigada por los recursos de Ciudadanos, contradiciendo la decisión de la Junta Electoral barcelonesa que había autorizado la participación, vía pantalla, de Oriol Junqueras en el debate de TV3 de los candidatos a las elecciones europeas, incluido Carles Puigdemont. Puigdemont aseguró que solamente participaría si podía hacerlo su rival directo y éste no podrá hacerlo porque la JEC lo ha vetado, atendiendo a las dificultades reglamentarias alegadas por Instituciones Penitenciarias. La hora del debate queda fuera del horario hábil en la cárcel.

Hace una semana, el TS enmendó la plana a la JEC, señalando al tribunal del contencioso administrativo el camino a seguir para asegurar los derechos fundamentales de Puigdemont como candidato al Parlamento Europeo. Después de autorizar diversas entrevistas desde la prisión a los candidatos a diputados y senadores, ahora la Junta ha resuelto prohibir las agendadas por Junqueras para las próximas fechas.

El resultado de esta combinación de ducha de agua fría y caliente es el de dotar de un mayor empuje a la campaña de los líderes soberanistas, aunque privando al electorado del cara a cara que se hubiera producido en el debate televisivo del canal autonómico entre Puigdemont y Junqueras. Este cara a cara habría llegado en el momento álgido de la presión de JxCat a ERC para intentar frenar la consolidación de los republicanos como primera fuerza en todas las competiciones electorales.

Las decisiones judiciales contrarias a los intereses de los nuevos parlamentarios supondrán también un valioso argumento para los partidarios de impedir la elección de Miquel Iceta como nuevo senador autonómico para así poder acceder a la presidencia del Senado. A pesar de los precedentes, todos favorables al respeto a la voluntad del partido proponente, y al sentido de la legislación vigente que establece la libre sustitución de los senadores correspondiente a cada partido, el estado de ánimo de los grupos independentistas en el Parlament es muy favorable a torpedear las expectativas de Iceta, aunque otros sectores soberanistas atribuyen esta actitud a una simple rabieta por haberse enterado tarde y mal de los planes de Pedro Sánchez. El primer secretario del PSC se ha negado a negociar su designación con ERC y JxCat, apelando al estricto cumplimiento de la normativa, y no descarta acudir al Tribunal Constitucional de no obtener el apoyo de la cámara catalana.