El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara/ EFE El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara/ EFE



Un juez ha acusado al alcalde de Murcia (PP), Miguel Ángel Cámara, de enriquecerse con un pelotazo urbanístico tras detectar el ingreso de dos millones de euros por unos terrenos vendidos por sus suegros que difícilmente tienen ese valor, y que pudieron ser beneficiados por una recalificación urbanística. Según el auto judicial, parte del dinero fue ingresado en las cuentas de los hijos del político.

Cámara dice que el dinero es fruto de su trabajo
Cámara,  imputado en el caso Umbra,  que investiga  una presunta trama de corrupción urbanística por la compraventa de unos terrenos en Baños y Mendigo (Murcia), niega irregularidades y asegura que el incremento de su patrimonio "es fruto de 30 años de trabajo".

Según el juez David Castillejos, el dinero de esa operación podría haber engrosado la cuenta corriente de Miguel Ángel Cámara. Aunque según el acusado, ese aumento del patrimonio tiene una única razón, "el duro trabajo de 30 años".

Ingresos de grandes cantidades
Miguel Ángel Cámara y su familia comenzaron en 2006 a ingresar grandes cantidades de dinero de origen desconocido en  imposiciones a plazo fijo, hasta acumular hace tres años un total de 486.400 euros.

Ni Cámara ni su mujer sacaron dinero del banco durante dos años
A esta información, conocida tras el levantamiento del sumario de este caso, se suma otra conocida con anterioridad: que el alcalde de Murcia y su mujer, Marisol Meroño, estuvieron dos años sin sacar dinero de sus cuentas bancarias durante 2005 y 2006. Ningún movimiento, según un informe de la Agencia Tributaria.

La oposición exige que Cámara dimita
El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Pedro López, afirmó que las nuevas revelaciones en torno al patrimonio del alcalde "en lugar de despejar dudas, han generado más sombras en torno a su gestión y a su supuesta implicación, según el juez instructor, en delitos de prevaricación y cohecho".

El portavoz socialista hizo hincapié en que hasta el momento el PSOE había exigido la dimisión del regidor por "responsabilidad política", pero ha añadido que las nuevas revelaciones de este caso "apuntan a que hay más sombras que luces en su gestión, y por ello debería abandonar la Alcaldía, dejar su acta de concejal y defenderse desde el ámbito personal, sin ostentar ningún cargo institucional". De no ser así, López consideró que "seguiría haciendo un daño gravísimo e irreparable a la institución municipal, a Murcia y a sus ciudadanos", informa La Verdad.

Desprestigia a la Alcaldía
Equo Murcia también exigió ayer la "dimisión inmediata" de Cámara después de que se hiciera público el sospechoso aumento de su patrimonio. "Es intolerable que Cámara esté un minuto más al frente del Consistorio murciano, desprestigiando de esa forma a la institución", considera esta formación que exigió el fin del "clima de impunidad con que el Partido Popular de la Región de Murcia ha actuado en asuntos poco claros y que han supuesto pingües beneficios al alcalde".

El portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en el Ayuntamiento de Murcia, Rubén Juan Serna, afirmó que el alcalde "debe dimitir inmediatamente y no empezar el año 2015 como primer edil".

"Cámara debería reflexionar durante este parón navideño y ser lo suficientemente valiente y responsable como para apartarse del cargo y de la institución para no mancharla", señaló el concejal de UPyD, para quien "la sombra de la duda y de la sospecha que recae sobre el alcalde se extiende sobre toda la institución".

El PP murciano deja caer a Cámara
Por su parte, el presidente de Murcia, Alberto Garre, no ha dado precisamente un espaldarazo a la reelección en las próximas elecciones municipales de Cámara, quien sí ha manifestado su intención de presentarse. Garre ha dicho que la presencia de imputados en las listas es "muy perjudicial" para su partido.  El presidente murciano no sólo se refería al alcalde Cámara, ya que en el acto en el que pronunció sus palabras estaban presentes dos de sus consejeros, también imputados: Pedro Antonio Sánchez (Educación) y Antonio Cerdá (Agricultura).