El Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha pedido a la Unión Europea que incluya en el orden del día de la próxima cumbre de líderes  la subida del precio de la luz reclamando de un debate sobre la reforma del mercado energético en el Consejo Europeo del 21 y 22 de octubre.

Y lo hace tras la aprobación por el Consejo de ministros del Plan de choque para rebajar el precio de electricidad, cumpliendo con el compromiso firme del Presidente para que el recibo de la luz que se paga en hogares y empresas, regrese este año a los niveles que tenía en 2018.

Todo ello, después de que el precio de la luz en el mercado mayorista se haya disparado perjudicando gravemente a los consumidores, a las empresas, a los autónomos, a las familias y, especialmente, a las personas de rentas más bajas, a los más vulnerables.

Sin duda, estamos pagando las consecuencias de muchos años de medidas que favorecían a las compañías eléctricas impulsadas por los gobiernos del Partido Popular que fueron quienes liberalizaron la capacidad de las empresas para gestionar el precio de la energía eléctrica y la venta de las últimas acciones de Endesa, un paquete privatizado de 7.000 millones de euros.

También estamos pagando la usura y la sobreexplotación de los recursos de las cuencas hidrográficas que ha permitido a las compañías eléctricas vaciar y llenar los embalses a su antojo, siguiendo desde hace décadas criterios de rentabilidad económica por encima del interés general de los ciudadanos. Por encima del interés de nuestros vecinos y de nuestros pueblos poniendo en riesgo el entorno medioambiental, incluso poniendo en riesgo algo tan esencial como es el abastecimiento de agua potable de muchos municipios.

Pertenezco a una provincia, Zamora, que ha sido ejemplo este verano de esa sobrexplotación energética de los embalses dejando al límite los recursos del agua, algo que ha provocado la indignación ciudadana, indignación que comparto y con la que me siento plenamente comprometido.

Pertenezco a un territorio de la España vaciada donde acciones como ésta han contribuido a la despoblación, al abandono del  mundo rural, al éxodo de nuestros pueblos.

Por ello es necesario respaldar el Plan aprobado por el Consejo de Ministros que incluye medidas para frenar el recibo de la luz  y limitar también el recibo del gas y que completa las iniciativas aprobadas por el Gobierno de España que pretenden una transformación completa del sector energético, para garantizar la soberanía en un ámbito tan estratégico como es este.

El objetivo de las medidas del Gobierno es abaratar el precio de la luz y dar tranquilidad, seguridad y certidumbre a hogares y empresas. El Plan de choque incluye una serie de medidas sociales, fiscales y medioambientales para rebajar la factura de todos los consumidores, dar más protección a los vulnerables e impulsar la recuperación económica.

Es importante que estas medidas sean solventes y compatibles con el marco europeo y español, pero también es muy importante que la Unión Europea abra el debate sobre la gestión de los recursos hidrológicos para que el precio de la energía eléctrica sea algo de sentido común y para garantizar la sostenibilidad medioambiental.

El Plan del Gobierno responde a una situación extraordinaria en un momento extraordinario, que respeta la rentabilidad de las empresas y beneficia a los consumidores, tanto familias como PYMES, un Plan que se mantendrá en vigor, en principio, hasta marzo de 2022.

También incluye medidas que limitarán el impacto del coste de gas en la tarifa regulada durante los próximos seis meses, garantizando un suministro mínimo vital para consumidores vulnerables que ven ampliada la prohibición de cortes de servicio.

Otro de los puntos de este Plan de choque, de especial relevancia para provincias como Zamora, afecta a las confederaciones hidrográficas que fijarán un régimen mínimo y máximo de caudales mensuales a desembalsar. El Gobierno ha insistido en la importancia de dar una respuesta coordinada a nivel europeo, respetando la rentabilidad, por supuesto, pero por  encima de todo el beneficio de los consumidores sin olvidar el medio ambiente.

Este plan de choque cuenta con una serie de medidas fiscales: el impuesto Especial de la Electricidad baja del 5,1 al 0,5%, prorroga la suspensión del impuesto del 7% a la generación de electricidad e inyectan 900 millones de euros adicionales de las subastas de CO2 para rebajar el coste de la electricidad. También medidas como la bajada del IVA del 21% al 10%, o la supresión del impuesto al sol, medidas tomadas por este gobierno.

Antidio Fagúndez Campo es diputado del PSOE por Zamora