El caso de Vito Quiles ha servido de acicate para que el Congreso de los Diputados mueva ficha en la concesión de acreditaciones a periodistas. Según explican fuentes de la Presidencia, se ha designado un grupo de trabajo de miembros de la Mesa del Congreso para reformular los criterios y hacerlos “transparentes” con el fin de favorecer la “convivencia en los espacios destinados a la actividad periodística”. El escrito remitido por parte de la Asociación de Periodistas Parlamentarios ha motivado la maniobra de la Mesa, que afronta ahora un proceso de revisión que podría finalizar incluso en el plazo de dos semanas.

Los periodistas parlamentarios denuncian incluso que haga preguntas a portavoces parlamentarios pese a que existen “varias pruebas que demuestran que está ejerciendo de jefe de prensa del eurodiputado electo Alvise Pérez”. La APP entiende que ello es incompatible con el desempeño de la profesión, además de violentar la ética periodística.  Por ello, entienden que no ha de concedérsele una acreditación para el Congreso de los Diputados, en una misiva en la que urgían a la Cámara Baja a la adopción de medidas urgentes para proteger “la necesaria independencia y equidad en el desempeño periodístico”.

Así, un grupo de trabajo conformado por diversos miembros de la Mesa de la Cámara Baja estudiará los criterios para otorgar la acreditación a periodistas. Según fuentes parlamentarias, se analizarán “cuestiones de forma”, pero nunca se adentrarán en el “contenido”. El proceso se inicia a raíz del escrito remitido por la Asociación de Periodistas Parlamentarios al Congreso de los Diputados sobre el caso del enviado de EDATV -digital tutelado por Javier Negre-, Vito Quiles.

Con el respaldo de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de Periodistas de Madrid (APM), la APP expresó su “disconformidad y rechazo ante el hecho de que personas vinculadas a partidos políticos, coaliciones o formaciones que se presentan a las elecciones ejerzan de periodistas en los espacios del Congreso de los Diputados y del Senado destinados al ejercicio de la profesión”. Por ello, en este sentido, remarcaron su “asombro” ante la continua presencia de Vito Quiles, número 57 en la lista de la agrupación de electores Se Acabó la Fiesta, comandada por Alvise Pérez, en los pasillos de la Cámara Baja.

Los periodistas parlamentarios denuncian incluso que haga preguntas a portavoces parlamentarios pese a que existen “varias pruebas que demuestran que está ejerciendo de jefe de prensa del eurodiputado electo Alvise Pérez”. La APP entiende que ello es incompatible con el desempeño de la profesión, además de violentar la ética periodística.  Por ello, entienden que no ha de concedérsele una acreditación para el Congreso de los Diputados, en una misiva en la que urgían a la Cámara Baja a la adopción de medidas urgentes para proteger “la necesaria independencia y equidad en el desempeño periodístico”.

El grupo de trabajo

A tenor de estos acontecimientos, la Mesa del Congreso se ha visto obligada a mover ficha y a confeccionar un grupo de trabajo que estará compuesto por los miembros de los diversos partidos que componen el órgano. Según fuentes parlamentarias, el reparto quedaría de la siguiente manera: dos representantes del Partido Socialista, dos del Partido Popular y uno de Sumar. El objetivo será la elaboración de una propuesta para renovar los criterios de acreditación que “favorezcan la práctica y la convivencia de la actividad periodística “. Desde el entorno de la Presidencia se advierte, en este sentido, que el resultado final deberá albergar normas “a título general”, pero bajo ningún concepto serán “ad hoc”.

La idea inicial es que el equipo aborde esta cuestión en las próximas semanas, para que después sea el propio grupo de trabajo el que eleve el borrador al órgano de gobierno de la Cámara, donde PSOE y Sumar tienen mayoría para su eventual aprobación. Estas mismas fuentes precisan que recabarán la opinión de las diversas asociaciones de periodistas durante un proceso de estudio que no prevén que se extienda demasiado. De hecho, hay quien apunta que el límite podría situarse en las dos semanas. En cualquier caso, se descarta que la redacción de la normativa derive en un régimen sancionador, además de que no tendrá carácter retroactivo.

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