Francisco Igea (Ciudadanos), vicepresidente de la Junta de Castilla y León, ha tratado de sacar pecho por haber apartado a un corrupto confeso como José Luis Ulibarri y le ha salido el tiro por la culata. Igea ha publicado un mensaje en su cuenta oficial de Twitter anunciando que “en cumplimiento de lo acordado y tras la confesión de culpabilidad en el juicio de la Gürtel”, Ulibarri ya no integra el Órgano de Administración de Radio Televisión de Castilla y León ni posee ninguna participación en calidad de accionista. Sin embargo, ha obviado mentar que la dejó en manos de sus hijos.

El post de Igea incluye un documento firmado por Adriana Ulibarri Fernández, hija de José Luis Ulibarri y secretaria del Consejo de Administración de la radiotelevisión de Castilla y León. En él, confirma que ya no consta como administrador ni participa de la sociedad.

Para el dirigente naranja es una victoria, para el respetable tuitero en ningún caso. ¿El motivo? Ulibarri dejó todo atado para que los gestores fueran sus hijos tras su marcha.

En septiembre del año 2019, el constructor y empresario de los medios dejó el Consejo de Administración de la televisión privada financiada y regada con dinero público con motivo de sus complicaciones judiciales -ostentaba la Santísima Trinidad de las imputaciones: Púnica, Enredadera y Gürtel-. En consecuencia, el 13 de diciembre dio un paso al lado y salió de la Televisión de Castilla y León, según publicó eldiario.es.

Sin embargo, fue una salida en falso, pues la cadena quedó en manos bien cercanas y conocidas. Sus tres hijos, Soledad, Adriana y Enrique, pasaron a ser consejeros. Soledad Ulibarri es consejera desde el mismo día en que salió su padre. Adriana, que siempre estuvo en los negocios de los medios con él, ocupó el lugar de su padre y es, además, secretaria del consejo y consejera delegada mancomunada. Enrique, el más joven de los tres, entró también como consejero.

Corrupto confeso

Cabe recordar que la defensa del magnate remitió en julio de este año un escrito a la Sala de lo Penal del Juzgado Central de Instrucción número 5 admitiendo los delitos de los que fue acusado en la Pieza Separada de Boadilla de la trama Gürtel. En el documento, al que tuvo acceso ElPlural.com, reconoció hasta cinco delitos y aceptó las penas solicitadas, que no incluían su entrada en prisión.

En concreto, admitió un delito contra la Hacienda Pública por el concepto de IVA del ejercicio del 2006 de la sociedad UFC S.A.; prevaricación por la adjudicación a UFC S.A. de la parcela 1ª de la manzana M-7 sita en la UR-12 del polígono B; fraude a la Administración Pública; tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil.

En consecuencia, la defensa de Ulibarri reconoció que “procede imponer las siguientes penas”, a saber: cuatro meses de prisión y 40.000 euros de multa por el delito contra la Hacienda Pública; inhabilitación especial para un cargo público de tres años por prevaricación; seis meses de prisión e inhabilitación de 30 meses por fraude; tres meses de prisión por tráfico de influencias; y otros seis meses de cárcel y cuatro de multa a razón de 10 euros al día.

Según el juez, la empresa de Ulibarri, UFC S.A. consiguió la adjudicación de dicha parcela por una cuantía de 35 millones de euros y se habría pagado un millón de comisión ilegal que se encubrió con pagos de servicios que no se prestaron.