La defensa del magnate de Castilla y León José Luis Ulibarri, quien ostenta la Santísima Trinidad de las imputaciones (Púnica, Enredadera y Gürtel) ha remitido un escrito a la Sala de lo Penal del Juzgado Central de Instrucción número 5 admitiendo  los delitos de los que ha sido acusado en la Pieza Separada de Boadilla de la trama Gürtel. En el documento, al que ha tenido acceso ElPlural.com, ha reconocido hasta cinco delitos y acepta las penas solicitadas, que no incluyen su entrada en prisión.

En concreto, admite un delito contra la Hacienda Pública por el concepto de IVA del ejercicio del 2006 de la sociedad UFC S.A.; prevaricación por la adjudicación a UFC S.A. de la parcela 1ª de la manzana M-7 sita en la UR-12 del polígono B; fraude a la Administración Pública; tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil.

En consecuencia, la defensa de Ulibarri admite que “procede imponer las siguientes penas”, a saber: cuatro meses de prisión y 40.000 euros de multa por el delito contra la Hacienda Pública; inhabilitación especial para un cargo público de tres años por prevaricación; seis meses de prisión e inhabilitación de 30 meses por fraude; tres meses de prisión por tráfico de influencias; y otros seis meses de cárcel y cuatro de multa a razón de 10 euros al día.

La suma total de las penas de prisión asciende a 19 meses, por lo que evitaría su ingreso como reo.

Según el juez, la empresa de Ulibarri, UFC S.A. consiguió la adjudicación de dicha parcela por una cuantía de 35 millones de euros y se habría pagado un millón de comisión ilegal que se encubrió con pagos de servicios que no se prestaron.

Hat trick de imputaciones

José Luis Ulibarri es un constructor y empresario mediático cuya presencia es un denominador común en los principales casos de corrupción de España. Está imputado tanto en Púnica, como en Gürtel y Enredadera. En este último caso, Francisco Granados se valió de Ulibarri para el amaño de concursos públicos durante sus etapas de consejero de Transportes, de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid.

El juez sostiene que el exdirigente conservador “vio en Mintra [empresa pública] y en la Consejería de Transportes una oportunidad de negocio para enriquecerse con dinero público procedente de adjudicaciones para la construcción de infraestructuras y transporte” en la Comunidad. Los investigadores determinaron que los contratos a las empresas sufrían un “elevado sobrecoste de su precio de licitación” debido a contratos “modificados y complementarios” de la obra. Así las cosas, una firma de Ulibarri se encargó de los trabajos del tramo 1-C de Metrosur. Según la contabilidad de David Marjaliza, la compañía pagó a Granados y al propio Marjaliza comisiones mediante ingresos de una sociedad del último. En el sumario se desliza que, en 2004, Begar (entidad de Ulibarri) pagó a Aruba – empresa de Marjaliza – “comisiones” por valor de 109.733,68 euros.

Entramado mediático

El flamante magnate no solo ha engordado sus bolsillos con la construcción, sino que también es el propietario de varios medios de comunicación en León, aunque también a nivel nacional.

Ulibarri es dueño del holding empresarial Edigrup, pero no es él la cara visible de este conglomerado, sino que es su hija, como consejera delegada. Bajo este grupo se guarecen algunas de las cabeceras regionales más importantes, incluso centenarias, como el Diario de León, Diario de Soria, Diario de Valladolid y el Correo de Burgos.

También pertenecen a Edigrup el digital en clave nacional ESDiario, más conocido anteriormente como El Semanal Digital. Se trata de un medio de comunicación a mayor gloria de Ulibarri y que está bajo la tutela de Antonio Martín Beaumont.

No obstante, su joya, por encima de todo, es la RTVYCL, la televisión de Castilla y León. En la comunidad no existe una televisión pública, como sí ocurre en la mayoría de autonomías patrias. Por lo tanto, el negocio está hecho con esta licencia que, a su vez, comparte con Antonio Miguel Méndez del Pozo – caso Construcción -.

Cabe recordar que esta televisión es regada con millones y millones de dinero público del gobierno regional, siempre en manos del Partido Popular. Para más inri, la cadena del magnate es de lo más residual en Castilla y León. De hecho, en abril de 2020, en plena pandemia de coronavirus, la Junta de Castilla y León aprobó una inyección de seis millones de euros para Radiotelevisión Castilla y León (RTVCYL). En consecuencia, el montante total desde el año 2010 es de más de 200 millones procedentes de las arcas públicas.