José Luis Ulibarri, magnate de Castilla y León, cuenta con una nueva causa judicial abierta. El constructor y empresario está citado a declarar el próximo 19 de septiembre como imputado en la Púnica por el juez Manuel García Castellón. Con esta, obtiene su particular hat trick al figurar como imputado, también, en los casos Enredadera y Gürtel.

En este último caso, Francisco Granados se valió de Ulibarri para el amaño de concursos públicos durante sus etapas de consejero de Transportes, de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid. El juez sostiene que el exdirigente conservador “vio en Mintra y en la Consejería de Transportes una oportunidad de negocio para enriquecerse con dinero público procedente de adjudicaciones para la construcción de infraestructuras y transporte” en la Comunidad.

Los investigadores han determinado que los contratos a las empresas sufrían un “elevado sobrecoste de su precio de licitación” debido a contratos “modificados y complementarios” de la obra.

Pusieron en marcha la búsqueda del concierto con otras empresas medianas, ajenas al sector de la obra civil pública, como Begar – la entidad de Ulibarri – o Teconsa. Estas dos firmas no se presentaron a las licitaciones hasta que se conformaron la Unión Temporal de Empresas con la mercantil Obrum, pagando comisiones mediante falsas facturas.

La firma de Ulibarri se encargó de los trabajos del tramo 1-C de Metrosur. Según la contabilidad de David Marjaliza, la empresa de UIibarri pagó a Granados y a Marjaliza comisiones mediante ingresos de una sociedad del último. En el sumario se desliza que, en 2004, Begar pagó a Aruba – empresa de Marjaliza – “comisiones” por valor de 109.733,68 euros.

Estas adjudicaciones que recibiría Begar ascenderían a más de 25 millones de euros. 12.192.608,86 euros, datados del 29 de abril de 2004, 2.433.735,35 de julio de 2005 y, por último, otros doce millones con fecha de junio de 2006. Así las cosas, Ulibarri recibe su tercera imputación en las tres grandes tramas corruptas de España.

Entramado mediático

El flamante imputado en Púnica no sólo ha engordado sus bolsillos con la construcción, sino que también es el dueño de varios medios de comunicación en León, aunque también a nivel nacional.

Ulibarri es dueño del holding empresarial Edigrup, pero no es él la cara visible de este conglomerado, sino que es su hija, como consejera delegada. Bajo este grupo se guarecen algunas de las cabeceras regionales más importantes, incluso centenarias, como el Diario de León, Diario de Soria, Diario de Valladolid y el Correo de Burgos.

También pertenecen a Edigrup el digital en clave nacional ESDiario, más conocido anteriormente como El Semanal Digital. Se trata de un medio de comunicación a mayor gloria de Ulibarri y que está bajo la tutela de Antonio Martín Beaumont.

No obstante, su joya, por encima de todo, es la RTVYCL, la televisión de Castilla y León. En la comunidad no existe una televisión pública, como sí ocurre en la mayoría de autonomías patrias. Por lo tanto, el negocio está hecho con esta licencia que, a su vez, comparte con Antonio Miguel Méndez del Pozo – caso Construcción -.

Cabe recordar que esta televisión es regada con millones y millones de dinero público del gobierno regional, siempre en manos del Partido Popular. Para más inri, la cadena del magnate es de lo más residual en Castilla y León.

De hecho, uno de los casos más sangrantes que se recuerdan de esta televisión son las campanadas de la Nochevieja de 2017 a 2018. El especial que ofrecen todas las cadenas lo replicaron en la de Ulibarri, con un éxito inusitado: 0,0% de audiencia.

Desde 2010, la cadena de Ulibarri va encadenando cada año la misma adjudicación, con diferentes cifras, hasta llegar a los 180 millones de inyección pública. Pese a ello, su audiencia es totalmente residual y pocas veces supera el 2% de share.

Polémicas residencias

Pero no sólo de construcción y de los medios de comunicación vive el insaciable Ulibarri. Otro de sus negocios está vinculado con los centros geriátricos, explotado bajo la marca Aralia. Esta empresa obra en diferentes comunidades en España, entre las que destacan las cuatro que posee en Madrid.

De hecho, la residencia del grupo en Leganés estaba bajo sospecha por los malos tratos hacia los ancianos. En 2015, se le entregó al grupo de Ulibarri la gestión de estos centros geriátricos y la polémica ha girado en torno a ellos desde entonces, aumentando durante el pasado año con las denuncias de los familiares de los residentes.